«Los familiares de los represaliados buscan en las cunetas para cobrar 400 euritos de pensión»

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado este viernes que denunciará ante la Fiscalía al presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, por unas declaraciones realizadas esta semana en Radio Evolución al considerarlas constitutivas de un delito de injurias.

La asociación, a través de un comunicado que recoge Burgosconecta, ha transcrito las palabras de Da Silva que han provocado un profundo malestar en este colectivo, al considerar no solo que dañan su honor, sino que también faltan a la verdad. Las declaraciones vertidas fueron las siguientes:

…»Qué memoría más frágil tenemos y luego recordamos o buscamos en la memoria histórica en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en en los asilos, les hemos dejado ahí que se nos mueran de asco y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión; es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? Si estás al corriente. Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecesor. Con esos ámbitos de protección de la memoria histórica y eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal, si no han conocido ni a su padre algunos; a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era».

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética, se trata de «algo que supera el derecho a la libertad de expresión porque la intencionalidad de esas afirmaciones es hacer daño a las víctimas del franquismo, injuriarlas al ridiculizar su dolor y reducir la búsqueda de un ser querido a un objetivo económico. Pertenezco a una familia de uno de esos desaparecidos, una familia que buscó, identificó y enterró a mi abuelo junto a mi abuela después de sesenta y cuatro años de que hubiera sido asesinado y sin ninguna ayuda del Estado».

Además, considera que «si alguien públicamente dijera algo similar sobre las víctimas del terrorismo intervendría la justicia inmediatamente y eso es lo que debería ocurrir también en este caso, que el Estado saliera de oficio en su defensa».

Según el Artículo 208 del Código Penal. «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». El texto añade que «solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves». Y además explica que «las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».

Por un lado, desde la asociación insisten en que las familias de los desaparecidos forzados por la represión franquista «no han recibido compensación económica alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y de otros terrorismos». Según argumentan «tendrían derecho a ello como define claramente la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas».

Desde la asociación aseguran que en las declaraciones de Roberto Da Silva «existe además una cosificación y deshumanización de las víctimas del franquismo» cuando asegura que «son capaces de llevarse 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal». Para este colectivo, las palabras de Da Silva aluden a que «el verdadero interés de las víctimas es el de conseguir una indemnización económica (que no existe) y se les convierte en personas 'sin sentimientos' que simplemente quieren cobrar 'por haberlo pasado muy mal'».

Por otra parte, manifiestan que la afirmación de que algunas de esas víctimas han conocido a su madre «pero no saben quién era su padre, revictimiza a personas que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano, porque la desaparición forzada se compone de una detención ilegal, es decir, un secuestro; de torturas, del asesinato y finalmente de la ocultación del cadáver».

La ARMH considera que la intención de «ridiculizar el sufrimiento de esas familias y de hacerlo públicamente en una emisora de radio como forma de extender las injurias, engañar a personas que pueden creer que son ciertas esas afirmaciones y atacar la dignidad y la reputación de las familias merece que el Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, investigue un posible delito de injurias y lleve a cabo las actuaciones correspondientes».

Por todo ello, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se presentará este escrito, al que han adjuntado el audio de la intervención radiofónica, «para que la Fiscalía General del Estado tome todas las medidas necesarias para sancionar tales hechos y valorar si la emisora tiene alguna responsabilidad al respecto por haberlos publicitado y no haber rectificado en modo alguno».

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• Guerra civil española 1936-1939
• Memoria histórica