La ARMH presenta la denuncia contra el expresidente de la IGP Morcilla de Burgos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Roberto da Silva, expresidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos. Esta denuncia llega tras las declaraciones de Da Silva en Radio Evolución la pasada semana, en la que aseguraba que los familiares de los desaparecidos por la represión franquista «buscaban a sus seres queridos por tener una pensión de 400 euros».

Tal y como ha informado Burgosconecta, en la denuncia, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, explicaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que «las víctimas de otras violencias no tienen que hacer este tipo de denuncias porque el Estado las protege de oficio, pero las víctimas del franquismo son marginadas por el Estado que no considera su dolor y su sufrimiento un asunto público».

Es por ello que la ARMH reclama la aplicación del Artículo 208 del Código Penal según el cuál «es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». El texto añade que «solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves». Y, además, explica que «las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».

En las declaraciones vertidas en la emisora de radio, Da Silva ironizaba con la relación que habían podido tener los nietos o bisnietos con los desaparecidos. «En mi caso –explica Emilio Silva- fui educado por un hombre que con diez años, y después de que un grupo de pistoleros falangistas asesinaran a su padre, tuvo que dejar la escuela y no volver a pisarla nunca más.

Eso significa que he sido educado directamente por el trauma que generó toda aquella violencia franquista. Y nadie indemnizó a mi abuela, ni a mi padre, ni existe pensión alguna porque mi abuelo fuera exhumado de una fosa, sin ninguna ayuda del Estado e identificado por una prueba de ADN. Pero a las familias de las víctimas de lo que Franco llamaba violencia marxista recibieron pensiones, becas, estancos, gasolineras y puestos en la administración para toda la vida; algo que se hizo con el dinero de todos, pero sólo para unos«, manifiesta Emilio Silva.

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