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La exclusión de los convenios de inmigración a Accem, Burgos Acoge y Atalaya ha provocado que Cáritas Burgos decida «no suscribir la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes mientras no se alcance un acuerdo que incluya también a las demás entidades».
Su secretario, Ignacio Ruiz, y el delegado diocesano, Mario Vivanco, han manifestado que la labor que realizan las entidades que atienden a personas «migrantes vulnerables es indispensable» y han mostrado su apoyo específico a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, con quienes trabaja «de forma habitual».
Para Cáritas, la acogida, promoción y protección de los migrantes «contribuye a una sociedad más justa y fraterna» y asegura que, siguiendo los principios evangélicos que guían su actuación, atiende «por igual a todas las personas necesitadas».
Las entidades se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Cristina Ayala, y el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, para tratar la retirada de los convenios con las tres entidades. Alude Vox a que «fomentan la inmigración ilegal» y era condición indispensable para la aprobación del presupuesto de 2025.
Las entidades del tercer sector afectadas, junto con Cáritas Diocesana, han mantenido una conversación para pedir una explicación. Sin embargo, no han podido convencer al equipo de Gobierno para que dé marcha atrás, informa Burgosconecta.
La portavoz del colectivo afectado, Nuria Revilla, de Burgos Acoge, ha calificado de medida «drástica para la ciudad, para los servicios sociales municipales». Los datos de los informes técnicos municipales «corroboran el trabajo que hacen estas entidades, ha dicho. Y ha confirmado que se trata de una cantidad ínfima, 190.000 euros, lo que sustrae, «un 0,048%». Estas entidades han atendido en 2023 «a más de 7.000 personas en la ciudad».
Revilla ha explicado que han «apelado a la corresponsabilidad», entendiendo que son «las entidades especializadas en atender a la población burgalesa migrante», personas que «están en nuestros centros educativos, que están en nuestras empresas, que son nuestros vecinos y vecinas», ha recordado.
Ayala, por su parte, según ha declarado la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, ha prometido «seguir hablando». Los colectivos afectados están a la espera «de que esta medida revierta, se retire». Las organizaciones la califican «totalmente contraria al sentido de la responsabilidad»
Revilla ha asegurado que «no todo vale, no se puede negociar con todo, hay unos mínimos» que coloca en la vulnerabilidad de las personas. Las entidades podrían iniciar movilizaciones, que de momento son espontáneas. «Primero queríamos hablar» con el Ayuntamiento, ha confesado Revilla. «A partir de ahora vamos a ver», ha declarado, movilizaciones que, en todo caso «sean para reflejar el sentir de la ciudad, simplemente». La portavoz de los colectivos desea «mantener la puerta abierta».
Revilla ha explicado que la retirada del convenio «afecta de manera importante porque les intentábamos explicar que con cada euro que reciben estas entidades lo multiplicamos por cien».
Una tarea, la de las organizaciones que no pueden hacer los servicios sociales públicos. Ellos «informan, orientan, pero no tramitan los permisos de residencia y trabajo, las solicitudes de nacionalidad, los permisos comunitarios, las peticiones de las empresas cuando quieren contratar a un trabajador y no orientan sobre la asistencia sanitaria». Creen que puede haber «un colapso en los servicios sociales municipales porque son personas que tienen que ser atendidas».
Ballesteros ha precisado que PP y Vox mantienen «un gobierno en coalición y este no es el presupuesto ideal». Ahora tendrán que «valorar cómo impacta en la Gerencia de Servicios Sociales y en los CEAS» esta medida. Los trabajadores sociales del ayuntamiento han solicitado una reunión para valorar las «implicaciones que tenga en su trabajo diario la eliminación de estos convenios», ha recordado Ballesteros.
Por su parte, Acitores justifica la medida hablando de «cuestiones internacionales. Es un problema mundial». La decisión, en cualquier caso, no se modificará y las cuentas de 2025 se aprobarán de manera provisional en el Pleno de noviembre con la supresión de los convenios con Accem, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural.
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