Las mellizas separadas un año de su madre: «Fue como un secuestro»

En dicho programa, una orientadora familiar visitaba a la familia en su domicilio de forma semanal. Pero en enero de 2016, la madre y una de las preadolescentes, que entonces tenían doce años, discutieron a causa del uso del teléfono móvil, que acabó en un forcejeo por el dispositivo. Las hermanas relataron este incidente a la trabajadora social y tras esta narración, el programa de intervención familiar quedó interrumpido. En abril de 2016, sin previa notificación, según relata la sentencia, trabajadores sociales de la Consejería se personaron en el domicilio familiar y allí notificaron la resolución administrativa de la declaración de desamparo de las niñas y se las llevaron, en contra de su voluntad, a un centro de menores a 80 kilómetros de su domicilio.

Un año después de ser separadas, el Juzgado de Primera Instancia de Ávila, acordó que las niñas volvieran con su madre al hogar familiar. El retorno se produjo en abril de 2017. Durante su estancia en el centro de menores, las entonces niñas afirman haber sufrido agresiones por parte del personal, causándoles «graves daños físicos y morales» a las niñas y a la madre.

Ángela, una de las hermanas, asevera que «el trato que recibe un menor en un centro no se aleja del que puede recibir el ganado en una ganadería, al fin y al cabo eres el trabajo del personal del centro, y te sientes como un número más, como propiedad de la administración, sin voz ni voto».

«La gente no es consciente de que separar e internar a un niño en un centro es un secuestro, porque te arrancan de un ambiente conocido como es un ambiente familiar y escolar», explica una de las jóvenes.

La madre de las mellizas, que en la actualidad estudian en la Universidad de Salamanca, asegura que «este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia. La impotencia y verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti, que no eres nadie. Ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que, por mucho que luches, estás perdido». Anita, a pesar de las advertencias, decidió seguir adelante. «Me dijeron que casi nadie ganaba porque vas contra la la Administración Pública y yo creía que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables, pero no fue así». Además, en ese año alejada de sus hijas, la madre sufrió «numerosas depresiones».

Micaela, la otra joven, afirma que «la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro». En primer lugar, porque es un secuestro ya que te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan a un ambiente hostil y desconocido, haciéndote sentir inseguro y vulnerable. Todo esto genera un estrés inmenso, miedo y un enorme desconcierto, porque no nos explicaron qué es lo que estaba ocurriendo».

Según Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, «después de un año, logramos que las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos». Reyzábal explica que «a diferencia del resto de Europa, en España permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial sin ofrece las suficientes garantías ni a los menores ni a sus familias».

«El Gobierno podría aprovechar esta oportunidad para poner fin a las vulneraciones de derechos que, con las retiradas de tutela, llevan tantos años sufriendo las familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país», sentencia la presidenta.