El TSJCyL culpa a la Delegación de la Junta en Zamora del retraso en el desalojo de la macrofiesta de Vime

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asegurado hoy que no fue hasta el domingo por la tarde, a las 17:25 horas, cuando la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, «como autoridad sanitaria en la provincia», decidió intervenir para detener la macrofiesta que se estaba celebrando desde el pasado viernes en Vime, y remitió al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo.

Tras las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en las que responsabilizaba al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria del retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a los jóvenes, desde el TSJCyL recalcan que la Guardia Civil puso en conocimiento del Juzgado la existencia de esa concentración de gente el sábado por la mañana, en torno a las 9:30 horas.

«En ese mismo instante, la jueza informa a los agentes de que no puede intervenir si la administración sanitaria no lo solicita. Se les explica que al no existir delito, es la autoridad sanitaria quien debía de valorar si existía un riesgo para la salud y tomar la decisión, y en el caso de que afectara a derechos o libertades, solicitar la ratificación judicial de la decisión acordada. Pese a ello, y con el objetivo de poder acelerar la toma de una decisión ante el evidente riesgo para la salud que suponía la concentración de más de un centenar de personas, durante todo el sábado el Juzgado estuvo intentado contactar con la autoridad sanitaria y realizando gestiones para facilitar la comunicación entre los agentes de la Guardia Civil y los responsables políticos sanitarios», subrayan.

En ese sentido, explican que «finalmente, a última hora de la tarde, y según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al Juzgado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunica que no intervendrá por considerar que se trataba de un evento privado».

El escrito, recogido por Ical, detalla que «tan solo una hora después» de que la delegada territorial remitiera el domingo al Juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo, a las 18:23 horas el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta ante el «evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad».

Asimismo, recalcan que «el Juzgado carece de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria porque los participantes no estaban cometiendo ningún delito o ilícito penal pues contaban con la autorización del titular del terreno donde se estaba celebrando la fiesta». «Estaban incumpliendo la normativa administrativa en materia de covid, siendo la administración a través de la Autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien debía intervenir», insisten.

Por último, concluyen que «el desalojo de los asistentes a la fiesta no se produjo por orden judicial», sino que «es una decisión de la autoridad sanitaria ya que no se estaba cometiendo ningún delito sino una infracción administrativa». «La intervención del Juzgado de Sanabria, en funciones de guardia, se limita a revisar y ratificar las medidas acordadas por la autoridad sanitaria ya que podrían afectar a derechos fundamentales», precisan.