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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asegurado hoy que no fue hasta el domingo por la tarde, a las 17:25 horas, cuando la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, «como autoridad sanitaria en la provincia», decidió intervenir para detener la macrofiesta que se estaba celebrando desde el pasado viernes en Vime, y remitió al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo.
Tras las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en las que responsabilizaba al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria del retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a los jóvenes, desde el TSJCyL recalcan que la Guardia Civil puso en conocimiento del Juzgado la existencia de esa concentración de gente el sábado por la mañana, en torno a las 9:30 horas.
«En ese mismo instante, la jueza informa a los agentes de que no puede intervenir si la administración sanitaria no lo solicita. Se les explica que al no existir delito, es la autoridad sanitaria quien debía de valorar si existía un riesgo para la salud y tomar la decisión, y en el caso de que afectara a derechos o libertades, solicitar la ratificación judicial de la decisión acordada. Pese a ello, y con el objetivo de poder acelerar la toma de una decisión ante el evidente riesgo para la salud que suponía la concentración de más de un centenar de personas, durante todo el sábado el Juzgado estuvo intentado contactar con la autoridad sanitaria y realizando gestiones para facilitar la comunicación entre los agentes de la Guardia Civil y los responsables políticos sanitarios», subrayan.
En ese sentido, explican que «finalmente, a última hora de la tarde, y según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al Juzgado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunica que no intervendrá por considerar que se trataba de un evento privado».
El escrito, recogido por Ical, detalla que «tan solo una hora después» de que la delegada territorial remitiera el domingo al Juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo, a las 18:23 horas el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta ante el «evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad».
Asimismo, recalcan que «el Juzgado carece de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria porque los participantes no estaban cometiendo ningún delito o ilícito penal pues contaban con la autorización del titular del terreno donde se estaba celebrando la fiesta». «Estaban incumpliendo la normativa administrativa en materia de covid, siendo la administración a través de la Autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien debía intervenir», insisten.
Por último, concluyen que «el desalojo de los asistentes a la fiesta no se produjo por orden judicial», sino que «es una decisión de la autoridad sanitaria ya que no se estaba cometiendo ningún delito sino una infracción administrativa». «La intervención del Juzgado de Sanabria, en funciones de guardia, se limita a revisar y ratificar las medidas acordadas por la autoridad sanitaria ya que podrían afectar a derechos fundamentales», precisan.
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha aplaudido hoy el trabajo realizado por la jueza de instrucción de Puebla de Sanabria para poder desalojar una fiesta sin permiso en la que se dieron cita más de un centenar de jóvenes el pasado fin de semana en Vime de Sanabria, un pueblo zamorano de sesenta habitantes.
Blanco ha destacado que la jueza ha hecho «un buen trabajo» y sería «tremendamente injusto» decir lo contrario o hacer algún reproche a su actuación y ha mostrado su sorpresa por la interpretación que la Administración de Justicia ha hecho de sus declaraciones sobre esta cuestión.
Al respecto, ha señalado que nunca fue su intención meterse con la Administración de Justicia cuando precisó que la Guardia Civil estaba preparada desde el sábado para el desalojo, cuando contactó con el juzgado, y éste no se produjo hasta el domingo por la tarde.
«La juez ha sido muy diligente a lo largo del fin de semana», ha agregado Blanco, que ha explicado a Efe que se buscó una resolución para el desalojo forzado porque voluntariamente se les pidió a los participantes en la fiesta ilegal que se fueran y no todos ellos quisieron hacerlo.
El juzgado ha detallado en un comunicado que la Guardia Civil le comunicó la existencia de la concentración de jóvenes el sábado a las 9:30 horas y entonces la jueza le explicó que no podía intervenir si no lo solicitaba la autoridad sanitaria, ya que no existía delito en la fiesta sin autorización convocada por redes sociales. Por ello, debía ser la Junta de Castilla y León, como autoridad sanitaria, la que valorara si había riesgo para la salud y la que tomara la decisión de desalojar que luego, al afectar a derechos o libertades, debería ratificar el juzgado.
La Delegación Territorial de la Junta en Zamora consideró el sábado que no debía intervenir ya que se trataba de un evento privado, según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al juzgado, pero el domingo por la tarde cambió de opinión y emitió la orden de cese de la reunión y el desalojo por motivos sanitarios que luego ratificó el juez.
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