El TSJ confirma la condena a un hombre por abusos sexuales de seis menores amigas de sus hijas

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ratificó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un empresario por agredir sexualmente a seis menores, amigas de sus hijas. El condenado convivía con sus hijas durante dos períodos alternativos de tres meses al año, en virtud de una sentencia de divorcio.

Durante estos períodos de tiempo, desde 2016 hasta 2021, numerosas amigas de sus hijas, con edades comprendidas entre 11 y 16 años, acudían a su domicilio para estar con ellas o celebrar fiestas de pijama, de manera que pernoctaban allí ocasionalmente.

«Era responsable, al encontrarse a su cargo sin la presencia de ningún otro adulto, encargado del cuidado de ellas, aprovechándose de la confianza que en él tenían las menores y sus progenitores, así como de la edad de las menores, a sabiendas de que llevaba a cabo una acción contra la libertad sexual de la víctima, y que cercenaba su indemnidad sexual», según recoge la sentencia.

Los abusos provocaron que las denunciantes tuvieran que recurrir a psicólogos especialistas y presentasen, a la fecha del juicio, un cuadro clínico de estrés postraumático, autolesiones, trauma por inadaptación familiar, social y escolar, como problemas de sueño y cuadros de depresión que, en algunos casos, tuvieron que ser derivados al ámbito de la Psiquiatría infantojuvenil.

La Audiencia Provincial de Zamora condenó al acusado a sendas penas de 10 años y seis meses por delitos continuados de abuso sexual a dos de las menores; penas de cinco años por abuso a cada una de otras tres niñas y cuatro, por el mismo delito, a otra menor, así como a indemnizarlas con cantidades que oscilan entre 20.000 y 30.000 euros por daños morales.

Además, le impuso la pena de prohibición de acercarse a menos de 500 metros a cada una de las menores agredidas, sus domicilios, lugares de estudio o trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentren, y a comunicarse con ellas por cualquier medio durante 15 años. Igualmente, queda inhabilitado durante 16 años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad y libertad vigilada durante años. El procesado se encuentra en prisión por esta causa desde el día 16 de febrero de 2022.

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