La abogada de la zamorana violada por El Quintas cree que la sentencia «no ayudará a la víctima a olvidar»

La letrada zamorana ha explicado que, aunque este reconocimiento de incapacitación laboral supone una ayuda, lo que ha vivido la víctima de agresión sexual «ha estado ahí durante todo este tiempo y queda ahí siempre».

La propia sentencia define lo que ha vivido desde octubre de 1997, cuando tenía 30 años, como un calvario psíquico.

«Esto no le va a ayudar a olvidar lo que pasó», lamenta la letrada de una mujer que fue agredida por Manuel Martínez Quintas, conocido como el Quintas, en Zamora en el año 1997, cuando el agresor estaba en libertad condicional después de que hubiera salido de la cárcel por matar a una pareja en 1983 en Las Pallas, un paraje junto al río Duero.

La joven, que residía en el barrio de Pinilla, al igual que su agresor, fue secuestrada a punta de pistola y violada en la zona de Los Pisones de Zamora.

Estuvo durante tres horas retenida en contra de su voluntad y sometida a todo tipo de vejaciones en un paraje inhóspito próximo al río antes de que su agresor la dejara marchar, tras convencerle de que no le iba a denunciar.

La abogada zamorana Rebeca Vaquero considera que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que confirma la anterior del Juzgado de lo Social número 1 de Zamora, es positiva en el sentido de que puede ayudar a otras personas que puedan encontrarse en la misma situación que su defendida. «Puede ayudar a otras personas a saber que tienen una pequeñita salida, porque las víctimas lo que más padecen son los efectos psicológicos que les quedan tras este tipo de agresiones. El hecho de reconocer una incapacidad supone que pueden tener un pequeño sustento que les puede ayudar en el día a día», destaca.

Con esta sentencia, que determina que la mujer, que ha sido agricultora por cuenta propia, no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral, se le reconoce el derecho a una prestación de la Seguridad Social de 669,9 euros, lo que puede ayudar a las mujeres afectadas y que no pueden trabajar, según la abogada, a tener un sustento en su vida diaria.

La abogada inició el proceso judicial después de que la víctima de el Quintas le transmitiera que quería solicitar la incapacidad. «La solicitamos judicialmente, nos la concedieron y supongo que es importante para ella porque sino no hubiera ni siquiera iniciado los trámites», explica la letrada.

Lo importante, según destaca, es que la sentencia considera que el trastorno de estrés postraumático ha sido muy severo y que se ha convertido en crónico. «Ese es el dato fundamental y principal por el que se ha concedido la incapacidad».

Ahora espera que este caso abra la puerta a las víctimas que puedan estar en la misma situación que su representada y cree que hay que valorar cada caso y ver las circunstancias y las secuelas posteriores que le pueden quedar a la persona que haya sido víctima de una agresión sexual.

El fallo judicial ha devuelto a la actualidad el caso de el Quintas, que salió de la prisión de Lugo en septiembre de 2017, lo que generó alarma social en la provincia de Zamora, a la que tiene prohibido entrar hasta septiembre de 2022, cuando se cumplirán los cinco años de destierro desde su puesta en libertad.

Son estos cinco años también en los que tiene prohibido acercarse a la víctima o a su familia.

El presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Jesús Pérez Serna, ha explicado que la Audiencia había intentado que Manuel Martínez Quintas llevara una pulsera electrónica para su localización permanente, pero que no había sido posible porque estos dispositivos están previstos «única y exclusivamente para casos de violencia de género».

Cuando el Quintas salió en libertad en el año 2017 se produjo bastante revuelo y nerviosismo social en Zamora. En un primer momento, la Policía Nacional aumentó el patrullaje en la zona de residencia de la víctima de la violación hasta que obtuvieron información de que Manuel Martínez Quintas se había asentado en La Coruña.

Actualmente, la Policía Nacional realiza controles rutinarios y controles de hospederías para comprobar que el exrecluso no ha entrado ni ha estado hospedado en la provincia, donde tiene familia. Sin embargo, los familiares han negado tener cualquier contacto con él, según la información facilitada desde la Comisaría de Policía.