Una biorrefinería en Zamora: de proyecto estratégico a 'sabotaje'

Merino, que se resiste a entrar en el contenido «jurídico» de la denuncia, achaca la decisión de detener los trabajos a «hechos gravísimos que van más allá de la corrupción y que son propios de organización criminal, y hay grabaciones que lo prueban». Como resultado de estos hechos que atribuye a la Junta y extiende a funcionarios de la Administración autonómica, asegura que «se han echado para atrás los inversores» cuando «ya estaba todo en marcha, materias primas, ventas, obras iniciadas y grupos importantes en inversión, y se habían solicitado fondos europeos».

Aunque cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de las comarcas fronterizas de Zamora y León y las organizaciones profesionales agrarias, la viabilidad financiera es la pega principal que los responsables políticos de cuatro legislaturas han puesto al proyecto, y así se lo han hecho saber a los promotores, señalaron ayer fuentes de la Consejería de Economía. El último fue el exvicepresidente y exportavoz Francisco Igea, quien les animó a presentar una denuncia en la Fiscalía si habían detectado ilegalidades. «Ya estarán contentos, que lo hemos llevado al juzgado», apostilla Merino.

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El PSOE, que ha abanderado el proyecto desde sus inicios ya ha visto en la denuncia un arma electoral a desempolvar de cara a las próximas elecciones a la presidencia de la Junta y la secretaria de organización, la zamorana Ana Sánchez, iguala el asunto de la biorrefinería a la trama eólica. Mientras, fuentes del PP zamorano consideran «recurrente» el asunto y achaca al PSOE y a Izquierda Unida un uso electoralista de un proyecto «que no tiene recorrido porque, aunque en su día la idea era buena, carece de lo principal. Los promotores quieren suelo gratis y que la Junta financie todo sin aportar ellos nada y así cualquiera emprende». Recuerdan que el actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, cuando era vicepresidente y portavoz de la Junta en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, intervino en el pleno de las Cortes de 17 de octubre de 2017 y allí dijo alto y claro que los intentos de la Junta por buscar financiación para el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco fueron infructuosos. Ni los bancos ni los fondos de inversión ni las administraciones (Ministerio y UE a través del Plan Junker) contactados habían querido sumarse a un proyecto en el que «los promotores no ponen un duro». El procurador zamorano del PSOE, José Ignacio Martín Benito, había solicitado que el proyecto fuera declarado de interés regional y que la Junta avalara los primeros 40 millones de euros para construir la planta. «Falta la aportación de la parte promotora. Si la Junta tiene que poner 50 millones, ¿me está diciendo que quiere que hagamos una empresa pública?», inquirió De Santiago-Juárez. El proyecto puede ser técnicamente viable, «pero no lo es financieramente», remachó el político 'popular'.

Cinco años después, la posición de la Junta es la misma y niegan que haya boicot. «¿Cómo vamos a oponernos a que se implanten empresas en Castilla y León? Lo que ocurre es que la Junta no es un inversor», insisten desde la Consejería de Economía y Hacienda, y puntualizan que en lo que va de legislatura la sociedad promotora no ha presentado propuesta de inversión «solvente» en el Servicio de Energía y Minas ni ha solicitado créditos al ICO. En Fomento y Medio Ambiente niegan trabas en la tramitación y señalan que el promotor no ha ejecutado la autorización ambiental en tiempo y forma pero que «si fuera necesario realizar una modificación, podría hacerlo». Y subrayan: «Puede ejecutar la instalación cuando considere, pues no se ha iniciado el expediente de caducidad de la autorización ambiental».