Piden hasta 18 años de cárcel para el exjefe del INSS que cobró más de medio millón de euros en pensiones

Era el jefe de Sección de Control de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Zamora y esta mañana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de delitos continuados de estafa y de falsificación de documentos públicos y de un delito de cobro indebido de prestaciones. Habría cobrado indebidamente durante 15 años, entre 1999 y 2016, un total de 549.591 euros de la pensión de su abuelo fallecido y 35.946 euros entre 1995 y 2011 por haber incrementado la pensión de su padre.

Además, habilitó una pensión de viudedad y otra de orfandad a una amiga, también acusada de un delito de cobro indebido de prestaciones, lo que habría supuesto una cantidad defraudada de 19.259 euros.

El exjefe de Control de Pensiones de Zamora, C.Ch.V., para quien el INSS pide 18 años de prisión y el Ministerio Fiscal solicita 14 años, reconoció los hechos durante el juicio en la Audiencia Provincial y además aseguró sentirse liberado una vez que se conoció lo ocurrido.

A preguntas del fiscal jefe sobre si sabía que estaba cometiendo un hecho ilegal, admitió conocer esa circunstancia. «Cómo no lo voy a saber, si llevo esa carga desde que lo hice por primera vez y ahora me siento liberado», afirmó durante la vista oral, en la que declaró no tener ya ese dinero por haberlo destinado «al juego y a otras circunstancias».

Además, aseguró que lo que hizo lo podría haber hecho cualquiera que trabajara en la misma sección de la que él era funcionario y jefe.

En sus últimas palabras antes de que finalizara el juicio, declaró estar arrepentido y pidió disculpas a sus compañeros de trabajo, a los que aseguró que nunca quiso implicar. «No me entra en la cabeza lo que he hecho. Lo único que quiero es pagar por lo que he hecho», aseguró emocionado lamentando que ha perdido a su familia.

En total existen cuatro expedientes, uno de ellos por haber cobrado a partir de 1999 la pensión de un abuelo que había fallecido seis años antes, en agosto de 1993. En este caso, a través de la modificación de datos con la aplicación informática que utilizaba como funcionario, lo dio por vivo y fue subiendo la pensión, que pasó de ser de 294 euros al mes a 3.050 euros mensuales correspondientes a una pensión de gran invalidez, la máxima que existe y que además está exenta de IRPF. Habría cobrado 549.591 euros de esta pensión de su abuelo desde diciembre de 1999 hasta el año 2016, cuando comenzó a investigarse el fraude.

El Ministerio Fiscal ha pedido en sus conclusiones finales 14 años de prisión en total para el exjefe de Control de Pensiones del INSS, mientras que el letrado de la Seguridad Social ha pedido 18 años y la abogada de la defensa, dos años de prisión por un presunto delito de cobro indebido de prestaciones.

Para la mujer acusada, M.M.P., para la que este hombre habilitó una pensión de viudedad y otra de orfandad para su hijo, el fiscal y la acusación particular pidieron seis años de prisión, mientras que el abogado de la defensa solicitó la libre absolución.

El fiscal entiende que ante la «abrumadora y brutal» prueba, el acusado no tenía otra opción que reconocer el delito de estafa, falsedad de documentos públicos y de cobro indebido de prestaciones. «Estuvo casi 15 años cobrando una pensión que no le correspondía. Conocía cómo funcionaba el sistema y tenía intención de modificar el programa para recuperar prestaciones y seguir cobrando tranquilamente», afirmó el fiscal en sus conclusiones, en las que sostiene que el acusado llegó a modificar datos personales como DNI, apellidos y cuentas bancarias e incluso «rejuveneció» a su abuelo fallecido cambiando el año de nacimiento para poder seguir cobrando la pensión de una persona que en estos momentos tendría 120 años.

Entiende la Fiscalía Provincial que los dos acusados son autores de un delito de cobro indebido de prestaciones porque «se beneficiaron los dos».

El fiscal jefe defendió que se trata de un hecho muy grave al tratarse de una persona en la que, por su trabajo como funcionario, todos los ciudadanos habían depositado la confianza.

El letrado del INSS manifestó que «ha tenido el peor comportamiento que puede darse en un funcionario de la Seguridad Social». Además, defendió que solamente podía hacerse con los conocimientos teóricos y prácticos que tenía el acusado y desde su posición como jefe de Sección de Control de Pensiones. «Era perfectamente conocedor de este mecanismo. No era en modo alguno sencillo. Sabía perfectamente donde estaban los controles de seguridad y por su pericia pudo evitarlos», afirmó el letrado.

Por su parte, la abogada de la defensa señaló que por encima de su defendido había mucha gente y considera que queda demostrado que no hay ningún control. «Se ha puesto el queso delante del ratón y ha caído por sus vicios o por lo que sea». Además, enfatizó que el exjefe del INSS ha sentido una liberación al conocerse lo ocurrido y que ha perdido todo, incluso a su familia.

El abogado de la mujer que también se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial pidió su absolución porque «no ha hecho ningún ilícito penal y ha sido víctima de un engaño de una persona en la cual confió».