Zamora

El exceso de velocidad de Baltar en Sanabria se juzgará en el Tribunal Supremo

El vehículo oficial del barón del Partido Popular gallego fue cazado por la Guardia Civil a las 18:40 horas del domingo 23 de abril cuando circulaba por el término de la localidad zamorana de Asturianos a 215 kilómetros por hora, en dirección a Madrid. Esta vía de la comarca sanabresa está convenientemente señalizada y establece una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.

Las escuetas explicaciones ofrecidas por Baltar antes de ser citado como investigado por el Juzgado de Puebla de Sanabria como presunto autor de un delito de tráfico no convencieron a la oposición sobre el motivo por el que conducía un coche oficial a pesar de ser domingo. El veterano político popular, hijo del histórico del PP gallego José Luis Baltar, argumentó, para justificar el uso de un vehículo del parque de la Diputación en día festivo, que al día siguiente tenía que asistir a unas reuniones en Madrid. Sin embargo, no durmió en la capital de España ni desveló dónde pernoctó esa noche, zanjando la cuestión con que ello pertenece «al ámbito privado».

Baltar, que tildó estas denuncias de «electoralistas», sí habria reconocido que desde 2019 le han puesto otras dos multas por velocidad excesiva, si bien los grupos de la oposición en la institución provincial sostuvieron en el último pleno del 4 de mayo que son muchas más las infracciones de tráfico cometidas por el presidente 'popular', alguna más reciente.

Tras ser interceptado en Asturianos, Baltar fue sancionado inicialmente por los agentes de la Guardia Civil con 600 euros de multa y la retirada de seis puntos en el carné de conducir, aunque la sanción administrativa, que fue recurrida por el político, está suspendida a expensas de lo que se determine en el juicio rápido respecto del posible delito contra la seguridad vial en el que habría incurrido el presidente de la Diputación de Orense.

La resolución del juzgado zamorano para inhibirse del caso se enmarca en el fundamento de que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 57.1.2º que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas, entre otros cargos públicos, de los diputados y senadores. Además, se indica en el auto que el Reglamento del Senado disponde que los senadores, en el periodo de su mandato, gozarán de inmunidad y no podrán se retenidos ni detenidos salvo en el caso de flagrante delito. Los senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara Alta, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. «Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieran instruyéndose contra personas que, hayándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador», se señala en la notificación.

En este caso, explica en su auto de inhibición la magistrada Raquel Sánchez Salinero, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Zamora, se incoó el juicio rápido por elevación desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria contra José Manuel Baltar Blanco por un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducir a velocidad superior a la reglamentariamente permitida. «Resultando público y notorio que el acusado iba ser designado senador una vez constituidas las Cortes, se envió oficio al Senado» para que acreditara la condición de aforado del político popular, de forma que resulta competente el enjuiciamiento «de forma sobrevenida», mediante un juicio rápido, la Sala Segunda del Tribunal Supremo.