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Cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público y una indemnización de 14.559,51 euros para el Ayuntamiento de Peleas de Abajo es la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora para el exalcalde del municipio zamorano, ... Marcelo Jurado, por un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Así lo determina la sentencia, en base al veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal del jurado.
El fallo judicial condena además al exteniente de alcalde y extesorero del Ayuntamiento, Bernardo Prieto, a tres años de prisión y cinco de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperador necesario de un delito de malversación.
La sentencia del magistrado Jesús Pérez Serna, que presidió el juicio con jurado popular celebrado los pasados días 9 y 10 de julio en la Audiencia de Zamora, entiende probado que el exalcalde de Peleas cobró 14.559,51 euros en dietas sin justificar entre abril de 2007 y agosto de 2009.
Según recoge el fallo, entiende el jurado que se realizaron los pagos y que no se justificaron, a pesar de los reparos que se iban haciendo «según obran en la documentación del Ayuntamiento».
Además, el jurado «no ha dudado» de que el exregidor cobró determinadas cantidades de la cuenta de la administración municipal «sin justificación causal por documental alguna, a pesar de la obligación legal que tenía de acreditar que el importe de dichas cantidades respondía a las necesidades municipales».
El jurado ha considerado que el acusado Bernardo Prieto participó «de forma esencial y necesaria en la comisión de los hechos» y que sin su participación «no hubiera podido desplegarse la actuación» del exalcalde, al ser necesaria su firma para el cobro de talones.
La Fiscalía inició la investigación tras la denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Peleas de Abajo, que ha ejercido la acusación particular representado por la abogada Inmaculada Benítez.
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, un recurso que presentarán los abogados de los dos condenados al no estar de acuerdo ni con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular ni con la sentencia que ha fijado las penas después en base a ese veredicto.
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