El alcalde de Castroverde volverá a juicio por prostitución de dos menores

El regidor, que ha sido condenado por otro caso de corrupción de menores, está acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, dos delitos de favorecimiento de la prostitución de menor de edad, un delito de exhibicionismo y un delito de difusión de material pornográfico.

De la investigación, que se inició en verano de 2021, se desprende que las dos menores, de 14 y 16 años, habrían estado acudiendo de manera periódica durante al menos tres meses a la vivienda del alcalde quien les habría entregado entre 50 y 100 euros a cambio masajes y sexo.

La Audiencia de Valladolid será quien juzgue al regidor, que recientemente ha sido condenado, en sentencia de conformidad, a dos años de cárcel por ofrecer 300 euros a una menor de 15 años a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él. La pena es inferior a los tres años de prisión que para él reclamaba la Fiscalía.

Los hechos se produjeron cuando Lera, de 69 años, y la víctima, hija de unos amigos del alcalde, coincidieron cuando la joven abandonaba un bar de la localidad. El ahora condenado, que admitió haber cometido el delito, abordó a la menor «con ánimo libidinoso». La sentencia admite la solicitud de la Fiscalía de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, por lo que Lera perderá la condición de alcalde de Castroverde de Campos, localidad que gobierna desde 1979.

Lera estuvo en prisión provisional por esta causa desde finales de noviembre de 2021 hasta el pasado 6 de abril, cuando los magistrados accedieron a que abandonara la cárcel en libertad condicional bajo fianza.

El antaño afamado cocinero y veterano alcalde de Castroverde fue expulsado del PSOE después del altercado que protagonizó el 26 de diciembre de 2019 con su mujer y su hijo, y que acabó con una denuncia por violencia de género de su esposa y la prohibición judicial de acercarse al municipio. Lera permanecía suspendido de militancia desde diciembre de 2018 tras la apertura de un expediente derivado de una condena en firme de la Audiencia Provincial de Zamora por «lesiones y amenazas» en otro caso.