Los 8.500 vecinos de Toro ya pueden volver a beber agua del grifo
El alcalde, Tomás del Bien, considera que la Junta «tiene mal establecidos los protocolos»
El Ayuntamiento de Toro levantó este viernes la prohibición de consumir agua de la red abastecimiento fijada el pasado miércoles, cuando la Consejería de Sanidad indicó que un análisis arrojaba 11,7 microgramos de arsénico por litro, es decir, 1,7 más del máximo fijado por la normativa vigente.
El contraanálisis realizado reflejó 9,5 microgramos de arsénico por litro, dentro de los límites legales, «y el tercero, realizado por Acciona, vuelve a dejar por debajo del máximo la cantidad de arsénico en el agua», según declaró a Ical el alcalde de Toro, Tomás del Bien.
«A pesar de todo, aunque los niveles de arsénico estén dentro de la normativa, siguen siendo altos y hay que rectificarlos, así que seguiremos adelante con los planes que hemos empezado a plantear. Seguiremos con el proyecto de un nuevo sondeo y de una planta potabilizadora a medio plazo», explicó. «En los próximos días, tendremos una nueva reunión con la Diputación para valorar todo y esperamos que la Junta aporte también a este proyecto, tal y como se comprometió la delegada», añadió.
En este contexto, el Ayuntamiento de Toro emitió una resolución de Alcaldía, a la vista de lo informado por el Servicio Municipal de Aguas en relación con la incidencia detectada en el suministro de agua potable.
«Habiéndose constatado que el parámetro relativo al nivel de arsénico en el agua destinada al abastecimiento domiciliario se encuentra por debajo de los límites legalmente establecidos en el Anexo I parte B1, del RD140/2003 de 7 de febrero y de conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 del RD140/2003 de 7 de febrero, en ejercicio de las competencias que me han sido legalmente atribuidas, se decreta el levantamiento de la prohibición de consumo de agua y se da traslado a los consumidores y demás gestores afectados», señaló el documento.
Críticas
El alcalde de Toro pidió «seriedad» a la Junta de Castilla y León y criticó los plazos en la realización del análisis que provocó la declaración de agua como no apta para el consumo humano. «La delegada alega responsabilidad del Ayuntamiento, que la tenemos muy clara y, por eso, medimos cada mes los niveles, aunque la normativa indique se hay que hacerlo una vez al año. Desde el pasado mes de junio, se han hecho ocho pruebas y la única que salió fuera del rango de la normativa es la que hizo la Junta que, curiosamente, tardó quince días en llegar», señaló a Ical.
«La Junta tiene mal establecidos los protocolos o algo ha fallado porque lo que se ha visto es que, en poco más de 24 horas, se ha dilucidado sin problemas un caso con el que se había creado una considerable alarma social», concluyó.
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