Piden dos años de cárcel para un exdiputado del PP de Zamora por tráfico de influencias

El exdiputado provincial del PP de Zamora y alcalde de Villadepera, José Ignacio Isidro, se enfrenta a una posible pena de dos años de prisión y una multa "de acuerdo al beneficio obtenido" por un delito de tráfico de influencias en su condición de alcalde, tras el juicio celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal de Zamora. Durante la vista por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras de tres ayuntamientos de la comarca de Sayago y su relación con las empresas de construcción Pordomingo y Cosmo Sayago, el fiscal retiró a José Ignacio Isidro las acusaciones de prevaricación y negociación prohibida a funcionario.

Estos cambios se produjeron al haber recibido la Fiscalía documentación de las obras sobre las que entendía que había irregularidades pero cuya documentación completa no se le había facilitado hasta ahora, según explicó.

Se sentaron también en el banquillo de los acusados los alcaldes de Villardiegua de la Ribera, Silvestre Antonio Fernando, y Gamones, Laureano Lorenzo; el teniente de alcalde de Villardiegua, Marcos Fernando Pablo, y el constructor José María Pordomingo, de la empresa Pordomingo y socio de José Ignacio Isidro en la empresa Cosmo Sayago.

En sus declaraciones, en las que solo respondieron a las preguntas de sus abogados, los alcaldes aseguraron que las obras se adjudicaron "con arreglo a la ley" y por acuerdos de pleno, que no existían informes en contra y que se pidieron ofertas a otras empresas constructoras. Aseguraron además que Pordomingo, con 30 años de experiencia en el sector de la construcción, hacía muchas obras en la zona porque "trabaja bien y tiene la costumbre de hacer las cosas en tiempo".

El fiscal realizó modificaciones en sus conclusiones finales, pero mantiene la acusación de tráfico de influencias para José Ignacio Isidro y José María Pordomingo. Para este último, mantiene además la petición de un año de prisión y una multa de acuerdo al beneficio obtenido de la obra. Entiende el Ministerio Público que en el caso de los dos socios de Cosmo Sayago "se han dado todos los elementos del tráfico de influencias".

Mantiene la acusación pública contra el alcalde de Gamones, Laureano Lorenzo, el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, al llegar a la conclusión de que "consiguió trabajo como consecuencia de la adjudicación de una obra". Para el alcalde de Villardiegua, Silvestre Antonio Fernando, pide siete años de inhabilitación por prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios.

Además, la Fiscalía retiró la acusación completa al teniente de alcalde de Villardiegua, Marcos Fernando Pablo, al que se acusaba de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los abogados de la defensa pidieron la libre absolución de los cuatro acusados, es decir, de los tres alcaldes y el empresario. Además, tacharon el escrito de calificación del Ministerio Público de "peculiar" y aseguraron que estaba caracterizado por "la improvisación y la generalidad".

El abogado de José Ignacio Isidro defendió que "es evidente que no hay ningún atisbo del delito de tráfico de influencias que se le imputa" y que "no se ha probado por parte del Ministerio Público la comisión de infracción alguna".

Los letrados de la defensa insistieron en que el escrito de acusación habla de hechos e irregularidades "que no se concretan" y aseguraron que las diligencias tienen "unos errores de bulto palmarios".

"Es una gran bola que se ha ido desmontando y un castillo de naipes, pero estas personas han sufrido un auténtico calvario", manifestó durante el juicio uno de los letrados.

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