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Alicia Pérez
Miércoles, 2 de noviembre 2016, 16:35
El PP en el Ayuntamiento de Zamora ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) contra el pliego de condiciones y la licitación del contrato de la ORA, la grúa y los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y la plaza de San Martín. Se trata de un contrato anulado en el año 2006 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
El alcalde, Francisco Guarido, ha asegurado hoy que el objetivo del PP es «entorpecer y fastidiar» al equipo de Gobierno y ha reprochado al Partido Popular que la anulación del contrato por sentencia es «un marrón suyo».
«Son intereses puramente partidistas de hacer todo el daño posible al equipo de Gobierno para que esta licitación sea entorpecida en el tiempo. Es muy grave que los concejales de este Ayuntamiento vayan en los tribunales contra los intereses generales del Ayuntamiento», ha manifestado el alcalde de Zamora. Además, ha defendido que los argumentos del Grupo municipal Popular ya fueron contestados «convenientemente» con los informes de funcionarios municipales. Estos argumentos, según han apuntado, son que los tres contratos no pueden ir juntos, que existe un riesgo operacional y que no hay crédito para poder licitar.
En este sentido, Guarido incide en que es un recurso de interés político partidista que pretende perjudicar al equipo de Gobierno, según sus declaraciones, y que tiene su base «en una inactividad del Partido Popular en todo este proceso». Explicó así el regidor de la capital zamorana que al Ayuntamiento se le condenó y que ahora está actuando de manera exprés porque tiene un plazo para licitar después de que «el PP se declaró en rebeldía durante los mandatos anteriores no ejecutando los fallos judiciales que anulaban un contrato y sacándolo a licitación».
Es esta rebeldía, según asegura, lo que está pagando ahora el nuevo equipo de Gobierno. «El PP solo persigue venganza, la venganza de no haber conseguido el Gobierno municipal. Este es un marrón suyo que nosotros lo estamos gestionando bien. Tenemos un plazo dado por el juzgado y creemos que lo vamos a cumplir», aseguró sobre un recurso que el alcalde considera que pretende «poner chinitas y palos en la rueda y perjudicar todo lo que puedanÐ.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha suspendido el procedimiento pero no la licitación del mismo, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez. Por este motivo, las empresas pueden presentar ofertas hasta el 15 de noviembre. Después, el equipo de Gobierno confía en tener una resolución definitiva y seguir adelante con el proceso.
«Es muy importante para este Ayuntamiento licitar este contrato», aseguró el concejal, quien apuntó a perjuicios «muy graves» como el económico, «ya que la empresa no nos está abonando ni un solo euro del canon», el jurídico, «con amenaza de abandono por parte de la empresa», y un perjuicio para los trabajadores, «que están en una inseguridad jurídica si no somos capaces de sacar esto adelante"»
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