El Ayuntamiento de Zamora recuperará una parcela en la que no se construyó una residencia

El Ayuntamiento de Zamora recuperará una parcela del plan parcial Benedictinas enajenada hace ocho años por el Consistorio para la construcción de una residencia de ancianos. Esto será posible después de que el Consejo Consultivo de Castilla y León haya emitido un informe favorable a la solicitud de reversión, según explicó el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.Este informe fue solicitado a instancias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en el proceso de reversión de la parcela iniciado por el Ayuntamiento en 2012 para certificar que la enajenación se efectuó a través de contrato administrativo de derecho público, con lo cual resulta procedente la reclamación por incumplimiento de las condiciones del contrato.

El informe favorable del Consejo Consultivo servirá así de base a la proposición de Alcaldía que se presenta al pleno del próximo jueves sobre la resolución del contrato, que será remitido posteriormente al TSJ para la conclusión del proceso de reversión.

La parcela tiene una superficie de 7.965 metros cuadrados y fue enajenada a la empresa CilBass por importe de 1.105.842 euros para la construcción de una residencia de ancianos.

En este sentido, Francisco Guarido manifestó que se iniciará también el procedimiento para la solicitud de reversión de otra parcela colindante a la anterior y destinada a la dotación de un centro deportivo y de ocio, cuya construcción se encuentra paralizada desde hace años; y anunció también la intervención sobre otras dos parcelas en el barrio de Pinilla para la construcción de viviendas sociales.

En este último caso, se requerirá al adjudicatario sobre el compromiso de ejecución y finalización de las obras previstas, ya que una fase de las viviendas está en ejecución avanzada aunque con las obras paralizadas. En caso contrario, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de reversión con la intención de concluir la ejecución de la fase ya iniciada, como vivienda pública, y pondrá a disposición de la Junta de Castilla y León la otra parcela para la construcción de viviendas sociales.