Valladolid

La zona de bajas emisiones arranca el próximo 1 de enero sin sanciones al menos hasta julio

La Concejalía de Tráfico y Movilidad ultima el informe final sobre las alegaciones presentadas a la norma municipal, mientras la empresa que instalará las cámaras de control ya ha iniciado los trabajos previos para desplegar los 32 dispositivos que supervisarán el tráfico en los 1,5 kilómetros cuadrados (27 calles) en los que operarán estas restricciones tras la decisión de PP y Vox de reducir este espacio al mínimo imprescindible para cumplir con la exigencia de Europa frente a los 3,1 que planteaban PSOE y Toma la Palabra.

La idea, subraya el edil responsable del área, Alberto Gutiérrez, es dar un plazo al menos hasta el mes de julio de 2025 para que esta medida, a la que obliga la Ley de Cambio Climático, se vaya asentando entre los ciudadanos. Será así un primer semestre en pruebas para ajustar la logística e ir informando al vecindario. A partir de entonces, se comenzarían a aplicar las sanciones para esos coches de gasolina anteriores a 2001 o diésel matriculados antes del 2006 que no cumplan con las excepciones que también recoge la ordenanza y que permitirán su entrada en determinados casos. La multa prevista es de 200 euros, que, en el caso de pronto pago, se quedarían en 100. El calendario de aplicación de la ZBE fija en el 1 de enero de 2026 para vetar la entrada de los vehículos con etiqueta B, mientras que el primer día del año 2030 se sumarán a estas restricciones los C. A partir de entonces, solo podrán circular libremente los ECO y los 0 Emisiones.

Gutiérrez no quiere adelantarse a la decisión final que el equipo de Gobierno tomará sobre las 71 alegaciones presentadas. Algunas podrían incorporarse a la norma, pero parece poco probable que el grueso, las 46 que han seguido el modelo de Ecologistas en Acción, prosperen, ya que la petición pasa por ampliar al máximo la ZBE, restringir la circulación en zonas de especial sensibilidad (centros escolares, sanitarios o residencias de mayores), suprimir los accesos temporales a los aparcamientos públicos o dar a los vehículos ECO el mismo tratamiento que a los C, entre otras. Precisamente, lo contrario al planteamiento del actual Ejecutivo local. Del resto, destacan las siete presentadas por otros tantos centros educativos o de formación que reclaman ser incluidos como excepciones, de manera que se pueda llegar a ellos en coche independientemente de la etiqueta del vehículo. Este aspecto sí podría analizarse.

La ordenanza, a expensas pues de posibles retoques, incluye las exenciones que permiten la entrada a la ZBE. Así, podrán acceder sin problema los vehículos de las personas físicas o jurídicas empadronadas en la zona de bajas emisiones en régimen de propiedad, usufructo, 'renting', 'leasing', retribución en especie o como vehículo de sustitución. No tendrán veto alguno los servicios de urgencias en la vía pública sobre los suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones, los taxis, los autobuses o aquellos autorizados para realizar labores carga y descarga.

También quedan exentos los automóviles o furgonetas de empresa siempre que la entrada se produzca para prestar sus servicios, las grúas de asistencia, los camiones de mudanzas o los coches fúnebres. Podrán acceder también los vehículos que acrediten que ostentan la propiedad de plazas de garajes particulares o en alquiler en el interior de la zonas y que aparquen en ellas. Además se permitirá el acceso a talleres ubicados en la zona y a los aparcamientos públicos o privados para la clientela alojada en los hoteles o pisos turísticos. La entrada será asimismo libre para acudir al hospital, a citas médicas y a clínicas veterinarias existentes.

Como medida de carácter social se establece que podrán entrar y aparcar en el área de bajas emisiones los coches de las unidades familiares con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM anual, incrementados, en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro adicional, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes) hasta el límite máximo del 2,1 del IPREM anual, por unidad familiar, incluyendo sólo un vehículo por cada familia.

Será una vez aprobada definitivamente la ordenanza, este próximo mes de septiembre, cuando comenzará a montarse la logística para su cumplimiento, con, además de la señalización de la zona y las cámaras para el control de matrículas en todo el perímetro y en el interior del área, la instalación de dispositivos en los aparcamientos públicos y privados para captar entradas y salidas, un registro de vehículos autorizados y la puesta en marcha de una aplicación informática para solicitar los permisos para los accesos temporales. El estudio que se elaboró para la puesta en marcha de este espacio restringido preveía que en los dos primeros años de funcionamiento de la ZBE con las sanciones ya activas podrían interponerse entre 50 y 75 multas diarias.