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Inquilinos de los pisos rehabilitados en Puente Colgante, en la nueva plaza del coronel López Muñoz, abierta al Paseo del Cid, junto al río. Rubén Cacho-Ical

63 viviendas sociales para inquilinos y una plaza para Valladolid

La entrega de las llaves de los pisos del antiguo cuartel de Puente Colgante permite abrir un espacio de casi tres mil metros cuadrados dedicado al coronel López Muñoz

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 16 de octubre 2024, 15:07

Era un aparcamiento para quienes vivían en el antiguo cuartel de Puente Colgante. Una zona acotada que a partir de hoy, cuando se entregaban las llaves de los pisos de alquiler social a los nuevos inquilinos, pasa a ser una nueva plaza abierta al público ... . Casi tres mil metros cuadrados -2.883, concreta el Ayuntamiento- que se denominarán Plaza del coronel (Manuel) López Muñoz, que murió en un atentado de los Grapo en Valladolid el 1990, y que quedan delimitados por los bloques que dan a la avenida Reyes Católicos, Puente Colgante y Juan Sebastián Elcano.

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La entrega de las llaves se convirtió en un acontecimiento. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y su concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona... Y niños. Tres sillitas de bebé alineadas en un pasillo del salón de actos del centro cívico Juan de Austria, otra en el pasillo del otro lateral, una madre que sale apurada con la peque, de un año, porque la canija huele la fiesta y se lanza a chapurrear y a sonreír sin parar. Los destinatarios de estas viviendas promovidas por la Junta de Castilla y León con la aportación de fondos europeos eran familias jóvenes con ingresos entre los 25.200 y los 42.000 euros anuales. Tres pisos, los más grandes, se iban a destinar a familias numerosas. Pero al ser parejas jóvenes, y dado que el alquiler de estos pisos será asequible -entre 330 y 416 euros mensuales-, lo de los niños se antoja como una tendencia al alza en esta 'barriada de nuevo cuño'.

Los afortunados con una de las 63 viviendas de alquiler social -siete de ellas las gestionarán organizaciones del tercer sector, para personas con movilidad reducida o discapacidad- recibían unas llaves que se han hecho esperar. Han pasado diez años desde que se declaró el riesgo de ruina inminente, después de desalojarse a los antiguos residentes en la casa cuartel. Porque las obras, en realidad, no comenzaron hasta el verano de 2021. Entonces se calculaba que tardarían unos 20 meses en tener las viviendas rehabilitadas y listas para ocuparse.

Los siete años que transcurrieron entre 2014 y 2021 fueron los que se llevó la burocracia, la falta de presupuesto y otras vicisitudes. También los que hicieron que el precio medio del alquiler, que se estimaba que rondaría los 200 euros, se haya elevado finalmente algo más, a pesar de lo cual se encuentra bastante por debajo de lo que se cotiza en la misma zona por pisos similares. Incluso, en este tiempo, se ha remozado por completo la avenida de los Reyes Católicos (reabierta hace un año) por lo que los nuevos inquilinos se encontrarán no solo con una vivienda a estrenar, sino con una calle que todavía huele a nuevo.

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Ese mismo retraso ya hizo que la partida presupuestaria prevista creciera. En 2016, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció que a partir de 2017 se iban a construir las 63 viviendas con un coste de 5,4 millones de euros. En 2020 anunció, valga la redundancia, que se iban a construir las mismas 63 viviendas, pero por 7,2 millones de euros. En este segundo anuncio se dijo que las obras comenzarían en mayo de 2021 para entregarlos a los adjudicatarios en la primavera de 2023.

Comenzaron a finales de agosto de 2021 y se han entregado en el otoño de 2024.

En su momento se contemplaron diferentes opciones para rehabilitar este inmueble, incluida la demolición. Costó desalojarlo porque algunos ocupantes, guardias civiles con sus familias, se resistían a abandonar sus pisos hasta que no hubo más remedio por la declaración de ruina, ya a principios del año 2015. Un desalojo que vino acompañado, poco después, por actos vandálicos contra el edificio, que se tuvo que tapiar en varias ocasiones para evitar intromisiones y riesgos personales, ante la posibilidad de que sucediera un derrumbe, por ejemplo.

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