La vista por el caso Cooper se suspende a falta de un informe psiquiátrico militar sobre el estado mental del principal acusado

La vista oral del caso Cooper, un proceso por maltrato animal excepcional en los juzgados de Valladolid, ha sido suspendida esta mañana, al considerar el magistrado que es procedente el planteamiento de las acusaciones para contrastar un informe de la médico forense de última hora en el que se indica que el acusado sufre un trastorno explosivo que podría reducir su responsabilidad criminal, con el historial clínico de este hombre, que lleva en el Ejército desde finales los años noventa del pasado siglo. La abogada de Libera, María José Mata, ha explicado que «es necesario contrastar el informe de la médico forense de Valladolid solicitado por la defensa para aplicar un atenuante, no podemos permitir un fraude procesal. Queremos que se remita el historial completo de los informes que se hacen cada dos años y la forense tendrá que valorarlos«

«Entendemos que la condición de militar del acusado es incompatible con ese trastorno, estaríamos hablando que desde 1999 no se le ha detectado en las revisiones periódicas que se realizan en las Fuerzas Armadas», ha subrayado la letrada María Duro, de Defaniva, quien apostilla que el encausado se ha sometido a tratamiento psiquiátrico desde noviembre de 2019, «creemos que con el ánimo de que se le aplique la eximente y reducir la condena, por eso el historial clínico militar es tan necesario».

La fiscal ha hecho suya también la petición de las representaciones legales de las asociaciones animalistas Libera y Defaniva, quienes han solicitado al titular del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid que suspendiera la vista hasta disponer de estos historiales y pruebas clínicas que se realizan en el Ejército cada dos años y que la forense vallisoletana, a la luz de las mismas, mantenga o revise su informe inicial. Porque, sostiene la letrada María José Mata, «siendo militar de carrera, no puede tener arranques de furia graves, no es compatible un trastorno explosivo intermitente con trabajar en las Fuerzas Armadas».

Las dos protectoras de animales, que trabajan al unísono en este caso, mantienen las peticiones de penas para Luis E. N. y su pareja, raquel F. R., de tres años y ocho meses de prisión, respectivamente, a quienes atribuyen la muerte violenta de un perro que habían adoptado en marzo de 2018. Los propietarios, que residen en Santovenia de Pisuerga, tuvieron el cadáver del animal durante tres meses en la cocina de la casa, junto a una niña de seis años. Además, se les solicita, como responsabilidad civil por parte de Defaniva, el pago de 2.000 euros por los daños morales. La petición de condena es la misma para el presunto autor material que para la mujer, porque lo presenció y consintió, sostienen las letradas de las acusaciones populares.

La Fiscalía inculpa solo al hombre, que está destinado en la base militar de El Empecinado en Cabezón, como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y pide un año de prisión y tres de inhabilitación para ejercer una profesión relacionada con los animales.

Durante la sesión de ayer, la defensa de Luis E. N. ha modificado sus conclusiones provisionales en ese sentido, para que, en el caso de que sea condenado, se le aplique la circunstancia atenuante de trastorno mental. A la puerta de los juzgados de Angustias, varias personas de las protectoras acompañadas de sus mascotas esperaban noticias sobre el juicio, que tendrá que volver a ser señalado una vez que lleguen los informes y sean estudiados por la forense.