Victoria Rosell

«La violencia se desencadena cuando las mujeres intentan gozar de más libertad»

Es ya el segundo feminicidio de agosto, uno más del pico de que se repite año tras año durante el periodo estival que este año comenzó con una semana negra en la que se registraron seis asesinatos en menos de 24 horas. Siete en total durante el mes de junio y ocho en julio, el mes con peores cifras hasta la fecha. El patrón se repetía en 2023, el más luctuoso desde 2015 con 58 víctimas mortales, de las cuales 25 fueron asesinadas entre junio y septiembre.

«No es el calor o la convivencia los factores determinantes para la violencia, sino que se desencadena cuando las mujeres intentan gozar de una mayor libertad», explica Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que atribuye estas muertes a «episodios de violencia extrema» desencadenados por la pérdida de control del agresor machista sobre la mujer en épocas de una «mayor autonomía». La misma explicación es válida para los repuntes que se registran año tras año en enero y diciembre, los meses más mortíferos tras el periodo estival, según demuestra la estadística del Ministerio de Igualdad.

«Los periodos vacacionales o de ruptura de la rutina son momentos de mayor toma de decisiones para las mujeres, en el sentido de me voy unos días al pueblo o de fin semana con una amiga y eso es mucho más susceptible de desencadenar una respuesta de violencia extrema», ejemplifica la magistrada, que apunta a la necesidad de hacer campañas específicas en verano por la movilidad de las mujeres, para que sepan donde acudir a pedir ayuda cuando estén lejos de sus lugares habituales: «Al igual que cada Ayuntamiento, desde hace tres años cada consulado es un punto violeta, tienen teléfono 24 horas y puedes ir a hablar con autoridades españolas te encuentres donde te encuentres»

Rosell relaciona este factor de riesgo con otro momento de «especial peligro», que es cuando ellas toman «la decisión de divorciarse, separarse o romper la pareja», así como cuando dan el paso de interponer una denuncia: «El problema reside en el control, en el afán de posesión de un hombre que considera que su novia o ex pareja es suya, por lo que en el momento en que se le anuncia que la que la ruptura es definitiva se desencadena mucha más violencia». Aunque matiza que «no hay que culpar a la víctima» sino poner el foco en «el machismo estructural, la base de todas las agresiones».

La estadística revela también que detrás de las víctimas mortales se esconde el silencio. Solo en cinco de los 29 crímenes por violencia machista constaban denuncias previas contra el agresor y en dos de ellos habían sido interpuestas por personas distintas a la víctima. En el caso del crimen de Valladolid, el único registrado hasta la fecha en Castilla y León, la mujer no figuraba en el Sistema Viogén, una base de datos policial centralizada para el seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos.

La situación de infradenuncia tras los feminicidios contrasta con los datos de comisarías y juzgados, que cada año investigan un mayor número de delitos relacionados con la violencia machista, como así reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. «El incremento de las denuncias se impulsó con la ley de Violencia de Género de 2004, había una bolsa oculta, que sigue habiéndola, pero salió a la luz un 30%», explica Rosell, que por contra califica como «lamentable» que en los datos de asesinadas las cifras sean tan bajas veinte años después. El porcentaje ronda el 20%.

Un dato que sólo puede mejorar si se aumenta la confianza en las instituciones, explica la magistrada, que señala el auge del negacionismo como uno de los grandes obstáculos. «El que haya una fuerza política negacionista y se pacte con ella abona mucho el silencio de las mujeres y la falta de confianza en las instituciones», reseña, en alusión a los cargos ostentados por Vox en algunas comunidades autónomas como Castilla y León hasta la reciente ruptura del Gobierno de coalición y en los Ayuntamientos, donde el partido ultra aún mantiene sus pactos con el PP, entre ellos el de Valladolid.

«Cuando se trata de ridiculizar y humillar a las fuerzas feministas que defendemos a las víctimas, es lógico que las mujeres digan, si estás son las que me van a defender y están siendo atacadas, yo no puedo confiar en en las instituciones», incide la magistrada, que reseña como uno de los discursos más letales «el bulo de las denuncias falsas, desmentido por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado».

Frente a esto la jurista pide más financiación, que se gasten los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género, que «muchas comunidades no lo hacen» y que se refuerzen los servicios públicos «esenciales y vitales» en la detección precoz de estos casos, donde los centros de salud juegan un papel muy importante. «Tenemos todo un sistema que es capaz de prevenir» señala la magistrada, que destaca la necesidad de dotar de tiempo y recursos a la atención primaria, las unidades de ginecología o de salud mental, «más eficaces que la Justicia, que por definición siempre llega a posteriorí».

«El triaje para la Violencia de Género existe y los profesionales lo saben, pero para eso es preciso que se puedan permitir algo más de cinco minutos por paciente», incide. Una situación equiparable a la del sistema de Justicia, que incurre en ciertos automatismos «que ponen toda la carga de la prueba sobre la propia víctima» y que necesita «mas tiempo y medios para las víctimas».

«En mi opinión sí adolecemos un poco de falta de búsqueda de otras pruebas» explica Rosell, que cree necesario dedicar más tiempo a «preguntar a su entorno, a los profesionales de salud o al personal educativo» y en escuchar a la infancia, dado que un preadolescente «sabe perfectamente lo que está pasando en su casa».

De los 29 crímenes machistas en lo que va de año, en siete de ellos se tenía constancia institucional de que la víctima sufría Violencia de Género, según los datos de Igualdad. Sobre esta cuestión la exdelegada en la materia apunta a que el problema reside en el «sesgo discrimintario del sistema de Justicia, que cree menos a las mujeres y a la infancia que a los hombres». Así ha sido afeado por el Comité de las Naciones Unidas, explica Rosell, que defiende que los jueces y juezas disponen de las herramientas para «reaccionar en pocas horas y tomar muchas medidas de protección» que pueden adoptar «solo con estar convencidos y tener indicios suficentes».