El 'violador del ascensor' se enfrenta a 73 años de cárcel por las agresiones sexuales de 2017

Las pruebas acorralan de nuevo al depredador vallisoletano, quien salió de prisión el 14 de noviembre de 2013, gracias a la derogación de la denominada 'doctrina Parot', después de cumplir tan solo 20 años, 11 meses y 28 días de una condena a 273 años de cárcel por los asesinatos de la joven burgalesa Marta Obregón (el 22 de enero de 1992) y de la vallisoletana Leticia Lebrato (19 de julio del mismo año en Viana de Cega), así como por otras 18 violaciones más en Valladolid y Salamanca. Pero la ley es la ley y Pedro Luis Gallego salió de prisión aquel día sin más cargo que el de conciencia y sin haber mostrado signo alguno de arrepentimiento. Los informes penitenciarios advertían del elevado riesgo de reincidencia y todo apunta a que los especialistas no se equivocaban.

Los agentes volvieron a llamar el 14 de junio de 2017 a la puerta del domicilio de Pedro Luis Gallego, afincado por entonces junto a su novia en la calle Dámaso Alonso, situada en una urbanización a las afueras de Segovia, para detener de nuevo al 'violador del ascensor', al que los medios nacionales bautizaron entonces como el 'violador de La Paz', por el entorno de la capital madrileña en el que habría cometido los últimos ataques.

Las pruebas acorralaban ya por entonces al sospechoso del intento de rapto de dos jóvenes, que se libraron gracias a la oportuna presencia de viandantes, y del secuestro consumado de otras dos –las cuatro rondaban los veinte años y no tenían vínculo alguno con el sospechoso–, a las que el agresor llevó a su piso en Segovia para agredirlas sexualmente y sustraerlas los teléfonos móviles –presumiblemente para tirarlos y evitar que fueran geolocalizados– antes de devolverlas al mismo entorno del Hospital de LaPaz.

Tres de las cuatro víctimas reconocieron entonces «sin dudas» a Pedro Luis Gallego como el autor material de los hechos en distintas ruedas presenciales de reconocimiento y los investigadores de la Policía Nacional consiguieron después situar a una de las chicas en el domicilio del sospechoso en Segovia. De allí consiguieron localizar una indicio biológica de la manilla de una puerta del piso y después, una vez contrastado con el ADN de las víctimas, confirmaron que era de una de ellas.

De manera que el ADN y los reconocimientos de las víctimas serán las principales armas jurídicas que empleen las acusaciones, pública y particulares, para solicitar una más que abultada condena que, en el caso de confirmarse, llevaría a Pedro Luis Gallego a pasar el resto de sus días entre rejas. La investigación judicial, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, concluyó en noviembre del año pasado, cuando el juez dictó un autor de procesamiento de Pedro Luis Gallego al entender que existían «indicios racionales de criminalidad» por los cuatro casos ocurridos entre los años 2016 y 2017.

La Fiscalía concretó después su escrito de acusación como el 'violador del ascensor', en el que califica inicialmente los hechos como constitutivos de los citados delitos de detención ilegal (2) y tentativas (2) y agresión sexual continuada sobre dos de las víctimas, además de las lesiones, robos y la tenencia ilícita de armas (la pistola que utilizó el autor para raptar o intentarlo con las cuatro víctimas cerca de La Paz). La acusación pública pide penas de dos años y medio de cárcel por cada una de las tentativas de detención ilegal, 15 años de prisión por cada una de las dos detenciones ilegales consumados y otros 19 años por los dos delitos de agresión sexual continuada. La suma de estas peticiones alcanza los 73 años de prisión para Pedro Luis Gallego, al margen de las penas menores por los otros tres delitos (lesiones, robo y tenencia ilícita de armas), según confirmaron ayer las fuentes consultadas.

El juicio contra el depredador sexual vallisoletano se celebrará, presumiblemente a puerta cerrada dados los hechos, los días 3, 4 y 5 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. Pedro Luis Gallego, que hasta ahora se ha negado a declarar, permanece en situación de prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la espera del inicio de la vista oral, la enésima para un delincuente que sumó su primera condena por robo de un coche en 1979, cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad, y que dos años después fue condenado por vez primera por tres delitos de abusos deshonestos. En 1984, cuando aún estaba en libertad condicional, sería condenado de nuevo, ya a diez años de cárcel, por una violación. Y ya con la pena cumplida recuperaría la libertad en 1991 para iniciar una imparable oleada de agresiones sexuales que desembocó en los asesinatos de Marta y Leticia en el fatídico 1992.