«El pueblo de Villalón ya avisó de que Valentín Tejero volvería a atacar»

El joven alcalde de la localidad terracampina, que ni siquiera había nacido cuando asesinaron a Olga, reconoce que hace cuatro años ya «fue duro recordar aquello junto a los padres de la niña –Domingo, el progenitor murió dos años después; mientras que la madre, Encarnación, continúa residiendo en el pueblo–» y reconoce que «ahora vuelve a serlo para todos y especialmente para los familiares y las quintas de Olga –ellas, sus amigas, convocaron la concentración de octubre de 2013–».

Aquel fue un año más que duro para los padres de la niña, que vieron cómo el Tribunal Supremo prolongaba en marzo el encarcelamiento de Valentín Tejero –hasta 2025– y cómo el Tribunal de Estrasburgo, siete meses después, tumbaba su doctrina y facilitaba la salida del asesino de Olga el 27 de noviembre de 2013.

Juan Manuel Valentín Tejero, que nunca se había sometido a tratamiento alguno de rehabilitación de su pedofilia galopante, había cumplido 21 años y cinco meses de los 63 años y cuatro meses a los que había sido condenado por seis violaciones a menores y el crimen de Olga Sangrador. Y lo hacía libre como el viento, con la pena cumplida legalmente gracias a los benévolos beneficios penitenciarios y sin haber indemnizado a la familia de la niña de 9 años.

La sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó por el crimen el 15 de septiembre de 1993, al margen de los 50 años de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 25.000.000 de pesetas (150.253 euros), aunque ya entonces se reconoció su insolvencia. «Nunca pidió perdón a la familia y nunca pagó una sola peseta», confirman fuentes de la asociación Clara Campoamor, que ejerció hasta su excarcelación la acusación contra Valentín Tejero y que ahora anuncia que volverá a hacerlo de todo por el caso de supuestos abusos a una adolescente, ocurrido en Madrid, que el miércoles volvió a llevarle a prisión. Aquella deuda, según explicaron ayer fuentes judiciales, caducó a los quince años de la condena, el límite legal establecido para el pago de las indemnizaciones de responsabilidad civil. El Estado, al menos, reconoció su parte de culpa en el crimen en 1997 y tuvo que afrontar la misma indemnización por el permiso carcelario de seis días concedido a finales de aquel mes de junio de 1992 a Juan Manuel Valentín Tejero, que este aprovechó para raptar y matar a Olga Sangrador.

«Alguien debería tomar nota y sacar adelante la prisión permanente revisable para que casos así no se repitan», advierte José Ángel Alonso.