El Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León ha dejado de estar en la Universidad de Valladolid. Después de 35 años ubicado en la Facultad de Medicina (en su Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos), la Consejería de ... Sanidad ha decidido asumir una competencia que era suya. «¿Era el momento en plena covid y con una campaña de vacunaciones masivas en marcha?», se pregunta el director del centro, Luis Martín Arias. Este médico e investigador no oculta su enfado por la forma en que se ha roto el convenio de colaboración, «una decisión unilateral y a la brava» que fue tomada en noviembre pasado por la entonces todavía consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien fue cesada unas semanas después por el presidente de la Junta al remodelar su Gobierno.
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Aunque admite que la competencia en farmacoviligancia «es de la Junta», Martín Arias considera esta decisión una «imprudencia ejecutada en el peor momento». E insiste en que desde su equipo han mostrado «la mejor disposición para ofrecer nuestra experiencia y colaboración en el traspaso». Y que, en cambio, «ni siquiera disponemos ya de las claves de acceso a los datos epidemiológicos» (el llamado centro CEDRA).
Fuentes de la Consejería de Sanidad insisten en que la vigilancia en materia de medicamentos «debe estar en las estructuras de la Administración» tal y como recomienda la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). De hecho, casi todas las comunidades autónomas han hecho ya ese proceso, salvo alguna excepción como Cataluña, que mantiene su Centro de Farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y es en este aspecto donde muestra sus dudas el equipo de farmacéuticos ahora relegados. «No importa quién hace ese trabajo sino los resultados -explica el director del centro investigador-. Hemos publicado 12 artículos en el último año sobre vacunas y su seguimiento. Y llevamos más de cien recogidos por revistas de prestigio científico en los últimos años». En el Centro de Farmacovigilancia trabajan cinco investigadores y profesores. El convenio con Sanidad (que aportaba unos 25.000 euros a los fondos de este laboratorio) permitía reforzar el equipo de gestión de datos. «Le hicimos un informe comparativo con el resto de España a la consejería y el nuestro era de los más baratos de España», continúan.
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En Sanidad restan importancia a estas quejas y dudas y recuerdan que el traspaso «se ha realizado con normalidad en los últimos meses al Servicio de Ordenación Sanitaria» (Dirección General de Salud Pública), dentro de un equipo que «se ha potenciado» y en el que trabajan media docena de expertos. Además de acabar con «una excepción» en comparación con el resto de comunidades.
En 1986 comenzó en la Universidad de Valladolid (UVA) un Programa Piloto en Castilla y León que en ese momento fue pionero en España para ser un centro de referencia, en el que se han ido formando a lo largo de los años técnicos en farmacovigilancia que luego pusieron en marcha equipos en Madrid, Valencia, Asturias o Cantabria. En relación con la pandemia, el último trabajo de investigación aceptado para su publicación en una revista de máximo prestigio internacional ha sido sobre riesgo de tromboembolismo en mujeres que toman anticonceptivos orales y pueden padecer covid.
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A pesar de esta ruptura de la colaboración, desde el equipo de la UVA han reiterado el «ofrecimiento de seguir colaborando y asesorando a la Consejería y al nuevo Centro de Farmacovigilancia para poner nuestra experiencia sobre efectos adversos de medicamentos y vacunas al servicio de la población de Castilla y León».
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