Valladolid

Los veterinarios salen a la calle contra una norma «demoníaca» que perjudica a mascotas y dueños

La protesta está motivada por los efectos perniciosos que a su juicio tiene el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Una norma que califican de «demoníaca» no tanto por su numeración (el 666 se asocia tradicionalmente al diablo) como por su contenido. «Entró en vigor el 2 de enero de manera efectiva y desde entonces lo venimos padeciendo», ha señalado Leandro Álvarez, el secretario de la Asociación de Veterinarios Empresarios de Valladolid (Avemvall), que está integrada en CEOE.

Álvarez ha asegurado que «ahora mismo hay una psicosis en todos los centros por el peligro de sufrir una sanción tremendamente abusiva por ejercer un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años de manera profesional, y que ahora parece que está poco más o poco menos que criminalizado». Y ha incidido en la pérdida de autonomía que supone esa regulación: «Lo que hace es coartarnos la libertad, basada en conocimientos», en tanto que les impide «prescribir y dispensar no solo los antibióticos, sino todos los medicamentos en general».

«A lo que se agarran los que han redactado esta norma es a que hay que hacer una lucha contra las resistencias a los antibióticos, cuando lo que van a conseguir es precisamente todo lo contrario», ha proseguido, para lamentar acto seguido que «solo vale el criterio de unos políticos que a todas luces no conocen para nada la realidad de las clínicas veterinarias». El secretario de Avemvall ha recordado, en este sentido, que «éramos nosotros los garantes de que se hiciera un buen control, un buen uso, y con esta ley es totalmente al revés».

De ahí realidades que «ya estamos comprobando», ha denunciado Leandro Álvarez, como el hecho de que «en la ganadería está aumentando el número de sacrificios de animales, y lo saben los de arriba». O que en el caso de las mascotas los dueños van a tener que hacer frente a un coste adicional. «Va a tener unas consecuencias muy negativas para el bolsillo de los titulares», ha sentenciado, una subida de precios que aún no tienen calculada pero que «no va a ser baladí, va a ser un aumento considerable, sobre todo en el momento en que la gente tenga que peregrinar por los establecimientos de farmacia en busca de todos esos medicamentos que hasta ahora dispensábamos los veterinarios». De ahí que reclamen la derogación del real decreto.

En la misma línea se ha expresado Rufino Álamo, el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid –organización que aglutinaba a 439 profesionales a 31 de diciembre, de los alrededor de 3.500 que ejercen en Castilla y León–, quien ha arrancado diciendo que la nueva normativa «limita la calidad asistencial que podemos prestar a nuestros clientes y en consecuencia es un tema de impacto social». Al hilo de esto, ha afeado al Gobierno que no haya tenido en cuenta las aportaciones del sector durante el proceso legislativo que ha desembocado en el RD 666/2023, con el agravante de que «ha hecho un desarrollo que tampoco se ajusta exactamente a la transposición de un reglamento que es comunitario, de la UE. En otros países tienen un desarrollo absolutamente distinto que flexibiliza y permite la atención de calidad», ha manifestado.

Como consecuencia de ello el resultado es el contrario al pretendido, a juicio de los profesionales. Hasta el punto de que la regulación española «tiene elementos fundamentales que impiden que se consiga el objetivo de restringir el uso de los antibióticos de modo óptimo de manera que, por ejemplo, en las mascotas hay un número muy limitado de antimicrobianos legales», ha explicado Álamo. La obligación que tienen ahora de ajustarse a las fichas técnicas, a menudo desactualizadas o limitadas a una especie o una patología concreta, «impide que usemos los antibióticos que deberían ser de primera elección», y «para llegar a utilizar los medicamentos de última reserva nos obligan a que hagamos un análisis de laboratorio, lo cual retrasa la puesta en marcha de los tratamientos que sabemos que hay que aplicar». A esto se añade que las presentaciones farmacológicas «no se adecúan a lo que realmente necesitamos para pequeños ejemplares».

Otro punto de fricción es la mayor carga burocrática a la que tienen que hacer frente. «Hay una herramienta que se llama Presvet (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) donde deben de registrarse los antimicrobianos que es verdaderamente tediosa», ha resumido el presidente del Colegio Oficial de Valladolid, por lo que solicitan su retirada. El colectivo, asimismo, reclama en el manifiesto hecho público con motivo de la acción reivindicativa que la futura Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios les permita vender fármacos «con destino exclusivamente a los animales» bajo su cuidado y «con la finalidad de completar el tratamiento», así como la aplicación del tipo reducido del IVA. «Una vuelta a la normalidad» que creen de justicia «una vez superada la crisis económica que sirvió al Gobierno para justificar la subida en septiembre de 2012», según han detallado.