Valladolid

Verónica será desahuciada si no llega a un acuerdo con el banco antes del viernes

«Obviamente está preocupada y a la expectativa de lo que pueda pasar porque se acerca el plazo y no es grato», explican desde el Sindicato de la Vivienda de Valladolid (SVV), que se ha convertido en portavoz de la familia desde el pasado 27 de noviembre (día de citación del desahucio que finalmente se prorrogó).

Son, de hecho, los negociadores que están mediando desde entonces con Abanca, actual titular del inmueble- para abrir una vía alternativa a la del desahucio. «No acaban de resolver la situación para que se pueda optar, por ejemplo, a un alquiler social como opción más urgente y después hablar de otras opciones», explica Daniel Martínez, del sindicato.

«Volveremos a hablar con Abanca como agente negociador antes del viernes pero de momento no nos han dado respuesta» aunque no pierden la esperanza en que «antes de ese plazo la sucursal dé luz verde a un contrato de alquiler social, porque el marido cuenta con nómina que demuestra sus ingresos».

Este desahucio ha tenido varias suspensiones -las más recientes el día 6 y el 27 de noviembre- y la familia ha intentando demostrar ante la administración su condición de familia vulnerable mediante la obtención de un informe que lo acreditase. «Esa vía está descartada y no pueden hacerlo porque no son los titulares de la hipoteca de esta vivienda», añaden Daniel Martínez, del sindicato. Es decir, Verónica pagó a los propietarios a efectos legales «2.500 euros para entrar a vivir hace seis años. Ellos se marcharon y entramos nosotros». De haber podido demostrar su vulnerabilidad el proceso se habría suspendido, al menos, hasta el 31 de diciembre conforme a la normativa vigente establecida por el Gobierno Central.

La familia también ha actuado en todo este tiempo y así lo hizo saber la procuradora de Abanca en Valladolid cuando se personó como representante de la entidad en el último intento de desahucio. «Ofrecieron hace tiempo una cifra cercana a los 30.000 euros» para quedarse con la vivienda, y señalaba que había que «hacer números y valorar porque la entidad ha visto que era insuficiente», decía entonces la representante del inmueble, quien apeló varias veces a la peligrosidad de alquilar una vivienda en esas condiciones - en alusión al enganche ilegal de luz- de la casa de la calle Batuecas. «Hay que hacer las cosas en su orden, acondicionar la casa primero y luego alquilarla o venderla», señalaba entonces.

Desde mediados de noviembre Verónica y sus hijos están viviendo en la casa de su suegra, ya que vaciaron por completo el inmueble donde llevan residiendo seis años. Apenas una caja con zapatos y un colchón son los únicos enseres que quedan en el interior porque saben que el hecho de no volver a esa casa es una opción más que factible, aunque dejan claras dos cosas. «Tratamos de negociar varias veces con el banco y nunca nos negamos a pagar. Tampoco ahora», finaliza la joven.

Durante todo 2023 se llevaron a cabo un total de 170 en Valladolid, lo que pone en evidencia el aumento de casos de seguir la tendencia actual; un incremento que se extrapola al territorio regional, en el que el primer trimestre se ejecutaron un total de 317 lanzamientos y durante el segundo, veinte más, 337. De producirse finalmente el desahucio de la vivienda de Barrio España el próximo viernes, el caso de Verónica Hernández se sumaría a estas estadísticas, aunque desde el Sindicato de la Vivienda de Valladolid recuerdan que harán una nueva convocatoria en redes sociales «para intentar frenarlo».