Venezolanos en Valladolid: «Querríamos volver al país de cuando teníamos 15 años»

«Mi marido fue acusado y condenado a prisión por instigación a la rebelión en 2014 en Venezuela. En el juicio no se presentó absolutamente ningún recurso probatorio, eso hizo que estuviera siete años preso», así habla Kerling de Sánchez sobre la situación que tuvo que vivir su esposo, Ruperto Sánchez, teniente coronel del Ejército del Aire en el país caribeño. Militar natural de Valladolid, se marchó al país natal de su padre y fue en la ciudad de Maracay donde conoció a Kerling, con quien ya suma casi 29 años de matrimonio y ahora conforman una familia en Valladolid junto con sus dos hijos.

La vida de Kerling en Venezuela no ha sido nada fácil, especialmente cuando metieron a su marido «injustamente» en la cárcel: «Ya en el 2008 estuvo preso, acusado de magnicidio contra Chávez. Las personas que no están de acuerdo con el pensamiento del Gobierno son llevadas a prisión aun siendo inocentes; es algo que actualmente también pasa», comenta Kerling, que en 2014 lo vivió de primera mano, con su marido acusado de instigación a la rebelión sin pruebas que lo demostrara, «tan solo bastó la declaración de unos testigos» para mandar a Ruperto a prisión durante siete años, «era la palabra de ellos contra la de mi marido».

Tras ese momento comenzó la tortura de esta familia en Venezuela, con el traslado de su marido a una cárcel a nueve horas de su hogar, añadido a la dificultad de quedarse sola y sin recursos con dos hijos de 9 y 14 años de edad. «Tener que explicar a mis hijos por qué su padre estaba preso cuando él es bueno, era muy duro, además de vivir en una Venezuela sin agua, sin luz o sin gasolina», declara Kerling, a la vez que confiesa una de sus experiencias más complejas: «Estuve desde las ocho de la noche durmiendo dentro de mi coche, hasta a las doce del mediodía del día siguiente esperando que abrieran la gasolinera para poder moverme y visitar a mi marido y llevar a mis hijos al colegio. Dormía en el coche muchas veces, era una situación muy precaria».

En las últimas dos décadas, millones de venezolanos han huido de una crisis sociopolítica y económica devastadora en su país natal, impulsados en su gran mayoría por la desesperanza y la necesidad de sobrevivir, dejando atrás sus hogares, sus carreras y en muchos casos a sus seres queridos, en busca de seguridad y una nueva vida. En Valladolid ya son 2.376 venezolanos empadronados, sin contar los que poseen doble nacionalidad, que harían incrementar dicha cifra hasta casi 3.000.

Kerling no quiso quedarse callada y decidió denunciar cada una de las violaciones de los derechos humanos que sufrió su marido. En 2015, llega a su vida Foro Penal, una organización no gubernamental formada por abogados que dan asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente y voluntarios que asisten a las víctimas y familiares y que nace como respuesta a la represión por parte del Estado venezolano ejercida a los ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales. Desde ese año hasta la actualidad, Kerling sigue colaborando con Foro Penal, dada la ayuda recibida durante la estancia de su marido en prisión. «Aprendí a sanar mis propias heridas ayudando a los demás, ya que no solamente ayudaba a alzar la voz y a visibilizar la causa de mi marido, sino la de todos los presos políticos de Venezuela y asistir a sus familiares». Tras lo vivido, Kerling apunta que quiere trasladar una parte de la organización a Valladolid, tras participar activamente en la establecida en Madrid.

Sin duda, para Kerling el principal pilar para sobrevivir en Venezuela durante esos siete años fue su familia. «Si no hubiera sido por ellos, que nos echaban una mano, pues nosotros no hubiéramos tenido en algunos momentos ni para comer; ya que me allanaron mi hogar y mi consultorio como odontóloga lo destruyeron. Entonces nos quedamos sin fuente de ingresos». La luz al final del túnel llegó a finales del 2021, cuando al día siguiente de que su marido saliera de la cárcel, se pusieron en contacto con la embajada y el consulado de España para poder obtener los pasaportes para poder salir de Venezuela «con tan solo una maleta de 23 kilos». «El consulado hizo las gestiones para pagar nuestros pasajes porque no teníamos el dinero. Y todavía los estamos pagando», comenta Kerling que tuvo que afrontar otra situación difícil: «Nosotros no éramos refugiados políticos. Mi esposo es español. Entonces, no nos podían ayudar».

Ahora, ya asentados y estables en Valladolid, Kerling trabaja en la Fundación +34, aquella que en su día luchó por su familia. Desde ella explican que «su marido Ruperto actualmente trabaja en hostelería en Palma de Mallorca, pese a ello están agradecidos de vivir sin miedo y en libertad».

Un caso muy distinto al de Kerling es el de Marielva López Chamberlain, que reside en Valladolid desde hace ya 30 años tras vivir anteriormente en Caracas. Sin embargo cambió de domicilio por su marido, que contaba con padres españoles, concretamente su madre de Medina del Rioseco y su padre, de Zamora. «Vinimos con la idea de tener una experiencia aquí. Estaba recién casada y más adelante ya con toda la situación que se presentó en Venezuela, nos quedamos en Valladolid definitivamente», comenta Marielva que confiesa que en su país de origen tiene un hermano que le informa de la situación que allí se vive y de lo sucedido el 28 de julio, durante la jornada de elecciones. «La gente madrugó mucho, hubo mucha participación, la más masiva que había visto nunca» le contó su hermano Enrique, quien añadía que además mucha gente salió a las calles tras el resultado electoral «en un acto de rebeldía por no haber respetado la decisión del pueblo. La mayoría había votado a Edmundo (González, candidato opositor a Nicolás Maduro), hubo un fraude en los resultados», añade la de Caracas, que pide apoyo internacional para enderezar la situación actual de Venezuela.

Marielva no pudo votar en las recientes elecciones, pese a haberlo hecho en anteriores ediciones. «Solo con la doble nacionalidad no bastaba, tenías que tener el pasaporte o la cédula de identidad en vigor», desvela Marielva, que lamenta las trabas existentes para ejercer el voto. «Y es que de los cerca de ocho millones de venezolanos que viven fuera del país, solo 69.000 personas pudieron hacerlo», comenta.

Cuando Marielva llegó a Valladolid «apenas había venezolanos» y en su caso la adaptación no fue complicada. La última vez que visitó su país de origen fue en 2014 y hoy por hoy Marielva, a sus 61 años, no tiene en sus planes volver a instalarse allí. «Mis hijos han nacido aquí y ya tengo una vida formada aquí, es una locura pensar en volver, aunque sí espero poder retornar de visita».

Julianny Duran y Francy López Badillo son dos venezolanas afincadas en la capital del Pisuerga que actualmente se encuentran al frente de la Asociación de Venezolanos en Valladolid que favorece y apoya la integración de los venezolanos con domicilio temporal o permanente en la provincia. Julianny ejerce el papel de presidenta y Francy, de vicepresidenta.

Hace ocho años, el 20 de julio de 2016, Julianny llegó a Valladolid con su hija de tres años «por unos conocidos que tenía en la ciudad» y hasta poder lograr una estabilidad en la ciudad estuvieron viviendo «en un piso de 50 metros cuadrados, seis personas, con una habitación y un salón». Julianny, hasta 2019, no pudo recibir ayuda por razones humanitarias.

Confiesa que siempre ha recibido «apoyo y atención por parte de los vallisoletanos». Hasta 2019 su situación fue complicada, «cuando llegamos no existía el derecho de acogida por razones humanitarias, hice un proceso de asilo, el beneficio no llegó hasta tres años más tarde que empieza a haber una mayor regulación», señala.

Para Francy todo está más reciente, ya que su llegada a Valladolid junto con su madre e hija de seis años se produjo hace escasos tres años. «Vinimos aquí huyendo, tomamos una decisión de vida o muerte. Salimos de una dictadura donde se maltrata al pueblo negando los recursos básicos que merece un ciudadano en su país», asevera la venezolana que en su caso sumaba el problema de que su madre era paciente oncológica y allí en Venezuela «no contaba con las garantías suficientes para una correcta asistencia sanitaria».

La vulneración de unos derechos básicos como el simple hecho de expresar tu opinión de forma libre hicieron partir a Francy y a su familia a Valladolid, su primera opción de destino. «Valladolid se parecía mucho a mi ciudad natal, es tranquila y hospitalaria. La gente ha sabido acogernos y nunca nos hemos sentido extranjeros», comenta la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos en Valladolid a la vez que indica que «no se arrepiente de haber escogido Valladolid», a pesar de haber tenido que salir de Venezuela «obligada».

La llegada de venezolanos a Valladolid entre el año 2022 y 2023 se incrementó con cerca de 300 personas que abandonaron el país sudamericano en busca de mejorar unas condiciones de vida de las que carecían allí. La alta inflación es otro de los lastres más destacados de un país donde «la pensión de un jubilado militar es al cambio cuatro euros al mes», revela Francy sobre el caso de uno de sus tíos que reside en Venezuela.

Ahora, desde hace escasos meses, tanto Julianny como Francy están dirigiendo la Asociación de Venezolanos en Valladolid, cuya principal labor se basa en la integración. «Lo hacemos a través de diferentes actividades, trabajamos con recursos propios porque todavía no contamos con ningún tipo de ayuda o financiación», afirma la presidenta de la asociación, que cuenta con más de 300 asociados que poco a poco están dando a conocer la organización junto con la colaboración en algunas de las actividades con el Ayuntamiento de Valladolid.

A pesar de haber formado sus nuevas vidas, ambas recuerdan con nostalgia su país natal, al que les gustaría regresar cuando por lo menos se den unas condiciones «mínimas para un ser humano». «Obviamente, queremos volver a Venezuela, a la de cuando teníamos 15 años. Todo venezolano desea volver. Aunque estemos aquí, nuestro corazón está allí».

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