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Hay una generación de españoles a la que la pandemia del coronavirus les ha enfrentado con un pasado que empezó hace ahora 40 años. Pero del que todavía siguen sufriendo las secuelas. El 1 de mayo de 1981 moría camino de un hospital de Torrejón ... de Ardoz el niño de 8 años Jaime Vaquero Sanz. Una muerte súbita y sin explicación después de que le salieran manchas rojas en la piel y se quejara de un fuerte dolor de cabeza.
En unas pocas horas ingresaron también sus tres hermanos y varias personas más en Madrid. Dos días después lo harían sus padres. Ocurría todo en el mismo país que, apenas dos meses antes, habría sufrido un intento de golpe de estado (23-F).
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La multiplicación de casos y la variedad de síntomas desorientó a las autoridades sanitarias que empezaron a hablar de una «neumonía atípica» mientras trataban de evitar que la noticia se difundiera. El entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, dejó el 21 de mayo una ridícula frase para la historia: «Es un bichito que, si se cae de esta mesa, se mata».
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Pero lo que seguían muriendo eran personas. Solo ese 21 de mayo se produjeron 67 hospitalizaciones en Valladolid. Antes de finalizar el mes, en la provincia había ya 150 afectados. El contagio partió de Madrid pero se extendió como una mancha de crudo por toda la España interior, en especial las dos Castillas. Pero también llegó, entre otras, a Navarra, Zaragoza, Extremadura, Vizcaya, Sevilla o Granada.
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Hicieron falta 40 días para que las autoridades sanitarias descubrieran al causante: aceite de colza importado desde Francia vía San Sebastián, desnaturalizado con anilina y refinado de forma fraudulenta en plantas de la periferia madrileña para venderlo como si fuera de oliva. 'Del olivo a su mesa', pregonaban los altavoces que recorrían pueblos y barrios humildes. Por entonces había ya más de 20.000 afectados, la mitad hospitalizados.
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Aquel 10 de junio, el Gobierno alertó contra las garrafas de cinco litros vendidas sin etiquetar. En Valladolid se retiró una primera partida de 8.760 litros en un almacén de la calle Avutarda (Pajarillos). Con el tiempo, se requisarían en la provincia más de 200.000 litros, la cuarta parte de lo que se retiró en todo el país.
Las muertes y afectados no dejaban de crecer y las familias se unieron para exigir responsabilidades. Atender a los cerca de 25.000 afectados reconocidos supuso un gran reto sanitario. Hoy todavía es una cuenta pendiente.
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Al esfuerzo médico, que incluyó un Plan para el Síndrome Tóxico, se añadió la búsqueda de los culpables. Las asociaciones recorrieron todas las instancias posibles, españolas y europeas, en busca de justicia.
El 30 de mayo de 1987 comenzó en la Casa de Campo (Madrid) el mayor 'macrojuicio' de la historia. 2.500 testigos para juzgar a 38 industriales. Hubo 13 condenas y solo dos entraron en prisión. Los 100.000 millones de pesetas (600 millones de euros) de indemnizaciones nunca se abonaron. Eran insolventes.
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En 1996 hubo una segunda causa, para dirimir la responsabilidad de las autoridades de Consumo. Se condenó a dos funcionarios. Desde entonces, el Estado ha pagado más de 2.600 millones de euros. Hace cinco años Sanidad reconocía que, de los 5.563 fallecidos que sufrieron la colza, al menos 2.500 lo fueron directamente por la enfermedad.
Hoy, una nueva generación, las hijas de la colza, ha tomado el relevo. Acusan al Estado de «olvido, abandono y no haber pedido perdón nunca». «Lucharemos hasta que muera la última de las víctimas», afirma la presidenta de la Plataforma Seguimos Viviendo, Carmen Cortés.
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Miguel Ángel era un niño de 11 años alegre y trabajador que disfrutaba ayudando a su extensa familia (padres, ocho hermanos, abuelo y sobrinos, todos en casa) en la gestión de la granja familiar ubicada en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). El consumo del aceite adulterado arrasó a su familia. Empezó con dolores de espalda, el cuerpo inflamado y entradas y salidas continuas en el hospital.
Un simple cucurucho de patatas fritas en un puesto de las fiestas de Nava del Rey el último domingo de mayo de 1981 cambió la vida de la niña Mar Gómez, entonces 10 años. «Tomé tres o cuatro patatas. Y casi me revienta». Los otros cuatro miembros de su familia se libraron del contagio de milagro. Su madre también compró el aceite pero notó enseguida el olor.
Gloria San José es un ejemplo de la imprevisible evolución de este mal. Su madre utilizó apenas medio litro de una garrafa de cinco comprada en el barrio de Pajarillos (Valladolid). Ella logró llevar una vida normal. «Hace como 9 o 10 años mi vida se paró. Averigüé que el tóxico se había activado otra vez».
Carlos todavía recuerda el vehículo que llevó la desgracia a su puerta. «La veo perfectamente, una furgoneta azul grande con su altavoz. En mi barrio de Medina lo cogía todo el mundo». Llevaban toda la vida vida distribuyéndo así. De las siete personas de su casa, seis resultaron afectadas.
'La Felicidad es una manera de resistir'. La frase preside la sede de la Plataforma Seguimos Viviendo en Vallecas (Madrid), cerca del parque en el que se inauguró en 2017, un discreto monolito. «Es el únido reconocimiento en 40 años. Parece que fue ayer y se ha avanzado poco», lamenta una de las líderes, Carmen Cortés.Son las hijas de la colza.
La suya es una vida profesional completamente ligada al origen y evolución del síndrome tóxico. «En aquel momento (1981) estaba terminando mi especialidad de Medicina interna. Me tocó una guardia en el hospital Puerta de Hierro y empezaron a llegar casos con el cuadro clínico de la neumonía», rememora el doctor Manuel Posada, director de vigilancia de pacientes del síndrome en el Instituto de Enfermedades Raras Carlos III.
1 de mayo de 1981
Jaime Vaquero (8 años), de Torrejón de Ardoz, primera víctima mortal. A su extraña enfermedad se la empezó llamando 'síndrome del legionario'.
14 de mayo de 1981
Los casos se multiplican. En España ya había 322, 14 de ellos en Valladolid. También se detectan en Segovia, Palencia, Ávila o León.
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21 de mayo
Ya se la conoce como la «neumonía atípica» y no hay forma de ocultar el extraño contagio. El ministro de Sanidad, Sancho Rof, dice que es «un bichito que, si se cae de esta mesa, se mata». Valladolid, con 67 hospitalizados, es la segunda provincia más afectada de España.
10 de junio de 1981
Después de descartar otras opciones (pesticidas, un virus...) los médicos establecen la conexión con las partidas de aceite de colza importado de Francia y adulterado con anilinas para desviarlo a consumo humano.
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Junio-julio de 1981
Se requisan 8.760 litros en un local de Pajarillos (Valladolid). Un avance de los 200.000 que se retirarán en la provincia (800.000 en toda España). Los enfermos ya son 315 a mediados de junio en la provincia.
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Julio de 1981
Con 62 muertos confirmados y 3.000 intoxicados, las previsiones oficiales hablan de que la cifra superará los 10.000 (después serían el doble). El Gobierno de la UCD (Leopoldo Calvo-Sotelo) trata de minimizarlo y habla de un «desgraciado incidente».
30 de marzo de 1987
Después de dos años de 'macrojuicio' en la Casa de Campo a los 38 imputados, 13 son condenados. Dos entran en prisión. La Sala reconoce que provocaron 330 muertes. La lectura provocó una gran indignación. Las víctimas apedrean el bus de los acusados.
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28 de abril de 1992
El Supremo revisa ligeramente al alza las condenas. No cambia la situación penal de los procesados. Tampoco habrá indemnizaciones.9 de octubre de 1995. Comienza el juicio contra ocho altos cargos de la Administración por su responsabilidad con los consumidores.
2 de octubre de 1997
El Supremo confirma la condena a dos exaltos cargos del Estado y establece que todos los afectados (unos 30.000 según el fallo) tendrán derecho a indemnizaciones, hayan estado representados o no en el juicio.
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