Una veintena de familias endeudadas se acogen al servicio de segunda oportunidad

La capital vallisoletana es la primera de España que tiene desde 2016 un turno de oficio especializado para ayudar a familias en bancarrota a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, promulgada el 30 de julio de 2015 por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, este servicio, que obtuvo el Premio a la Calidad de la Justicia que otorga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que también ha sido replicado en Laguna de Duero, no termina de cuajar. Desde su puesta en marcha, tan solo lo han utilizado una veintena de deudores, según la información facilitada desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, y principalmente, autónomos, explica la concejala del área, Rafaela Romero. «Es el eslabón de asistencia que nos faltaba, el de los autónomos, puesto que con la Junta ya estábamos abordando soluciones para los particulares en riesgo de desahucio. El perfil ha ido cambiando estos años y había más gente con el problema de los desahucios por impago de alquileres», indica la concejala delegada.

Considera que el Turno de Segunda Oportunidad, que se realiza a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid y en el que están inscritos más de 60 letrados, «viene a cerrar el círculo de atención, porque los autónomos se quedaban fuera de la asistencia, a ellos no les sirve solo una ayuda de emergencia». Es gente que tiene hipotecados su casa y su negocio, «con unas deudas que aunque tuviesen cinco vidas no podrían afrontar y por ello no pueden empezar nada».

Romero, al igual que opinan algunos de los juristas consultados, considera que la Ley de Segunda Oportunidad, hoy por hoy, tiene «poca utilidad práctica». En este sentido, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, Ignacio Martín Verona, impulsor de este servicio municipal, indica que uno de los problemas de la Ley es que «los supuestos que contempla son muy limitados». La mayoría de los casos que ve en su juzgado están protagonizados por mujeres de empresarios o de administradores de empresas y el esquema se repite: a ella le afectan las deudas de la empresa de su marido porque «firma». Al liquidar los bienes gananciales ella se acoge a la Ley de Segunda Oportunidad, una práctica que puede considerarse fraudulenta.

A pesar del escaso eco que el servicio aún tiene entre las familias endeudadas, el magistrado defiende su idoneidad. «En general, el servicio creado en Valladolid partió de unos objetivos humildes, pero la idea era iniciar el proyecto por si la ley se modifica y se hace más generosa para las personas físicas». Recuerda que para las familias la principal deuda es la hipoteca, «y las ejecuciones hipotecarias se han paralizado por el control de las cláusulas abusivas, la mora en suspensión en familias vulnerables... Estamos en un punto muerto judicial en las ejecuciones al que se suman las políticas de protección de las administraciones con ayudas sociales, de manera que muchas familias en riesgo no están abocadas a liberarse de la deuda». Ello conduciría a que las familias no necesiten utilizar este servicio, aunque también, apunta Martín Verona, puede ser una cuestión de recursos, ya que los concursos hay que pagarlos. Aunque la primera asistencia informativa corre a cargo de las arcas municipales, si continúa adelante, el solicitante tendrá que hacer frente a los gastos cuando supere su insolvencia. El coste medio de un procedimiento se sitúa entre 2.000 y 2.200 euros.

Según los últimos datos de que se dispone, desde junio de 2016 a junio de 2018, han sido 240 las personas insolventes de Castilla y León (de un total de 5.131 de toda España) que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad para poder exonerar las deudas contraídas y empezar de cero. Del total de casos de la comunidad autónoma, el 80,5% ha sido tramitado por la compañía Repara tu Deuda.

La responsable del departamento jurídico de esta compañía, Elvira Castañón, no cree que la Ley tenga un ámbito de aplicación muy limitado. Por el contrario, entiende que «quedan fuera pocos casos». Sin embargo, sí opina que se trata de una herramienta que «no está completa y por ello quedan aspectos sin regular y hay que esperar a que los jueces resuelvan». Coincide con los otros operadores jurídicos consultados en la escasa formación. «La Ley Concursal no la conocen los propios juzgados, porque esto del endeudamiento era un asunto puramente mercantil, no para particulares. En los propios juzgados de primera instancia te dicen que no tienen formación, los procedimientos se ralentizan....», explica.

Uno de los defectos que ve en la Ley es la intrincada tramitación. «Es un poco absurdo, porque te obliga a pasar un un calvario antes de llegar al juzgado. Antes tienes que iniciar un largo y complicado procedimiento extrajudicial en el que se demuestre que se ha tratado de llegar a un acuerdo de pago con el banco y que no ha sido posible». ¿Cuánto tarda en resolver el juez sobre el concurso? «Pues el tiempo depende del juzgado que te toque, los muy rápidos, en cuatro meses, pero la media está en un año», calcula Castañón.

Esta partidaria de la Ley reconoce que todavía es «muy desconocida» y apunta a que, «quizá se tenga el estigma de que las deudas se tienen que pagar. Al final, es una cuestión de mentalidad, porque en otros países de Europa y en EE.UU. el fracaso en un negocio se ve como una oportunidad, el emprendimiento es un valor en sí mismo y si un negocio no sale adelante se dan facilidades para que la persona pueda empezar de nuevo».

«No hace tanto que una deuda podía suponer pena de cárcel y una carga que era de por vida y pasaba a tus herederos, así que ahora el ciudadano no se termina de creer que un juez pueda perdonarles esa deuda y que puedan empezar de cero», indica Belén Escartí, responsable de comunicación de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

Esta asociación sin ánimo de lucro, domiciliada en la Comunidad Valenciana, ya estaba especializada en procedimientos concursales antes de la Ley de Segunda Oportunidad. Hoy tiene en su cartera 400 casos en toda España, una docena de ellos, en Castilla y León. Tiene asociados en Burgos, Ponferrada, Valladolid, Zamora, Salamanca, Briviesca, Ávila y La Bañeza. Señala Escartí que todavía existe «muchísimo desconocimiento entre los profesionales y los deudores» sobre esta posiblidad que «permite, si se acredita tu buena fe, que un juez te perdone las deudas. La gente no se lo termina de creer, pero no es ninguna utopíani una farsa». Considera que «a las autoridades tampoco les interesa publicitarlo, porque están los bancos por medio».

Esta asociación asesora gratuitamente y solo cuando el afectado decide iniciar la vía judicial es cuando debe darse de alta como socio para tramitar el concurso. Reconoce Escartí que la vergüenza por el qué dirán es un factor que pesa mucho en los endeudados, sobre todo en pueblos y ciudades pequeñas, aunque cree que «si no puedes pagar es mucha mayor penitencia para ellos, con la presión de los acreedores, los listados de morosos... Eso es mucho peor que acogerse a un procedimiento judicial que te puede ayudar a empezar de nuevo».