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Un «notable bajo» (o «suficiente alto») es la nota que la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado ha otorgado a la gestión municipal de los últimos cuatro años. La calificación llega después de analizar el grado de cumplimiento de los 94 puntos que ... componían la Carta Ciudadana 2019-2023, un documento que recogía las demandas vecinales para el mandato que está a punto de terminar y que fue asumido (en todo o en parte) por PSOE, Toma la Palabra y Podemos. El texto también se hizo llegar en su día al PP y Ciudadanos, que prefirieron no suscribirlo.
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«No es necesario firmarlo al completo, puede hacerse solo con algunos puntos», apunta la presidenta de la federación, Margarita García. En los próximos días, se presentará a los partidos el texto con las 85 peticiones para el próximo mandato 2023-2027, que hará especial hincapié «en la agenda 20/30, en los objetivos de desarrollo sostenible».
Respecto a estos cuatro años, los vecinos ven «más luces» («el programa de alquiler de bicis, las medidas contra la exclusión social, el apoyo al deporte base, el uso de energías renovables») que sombras («es mejorable la participación ciudadana, no se ha apostado por los aparcamientos de residentes y hay lentitud en la integración ferroviaria»)
Respecto a este último punto, García reconoce que la federación ha asumido un «perfil bajo». «No hay unanimidad» en el colectivo. Hay asociaciones que siguen reivindicando el soterramiento y otras que consideran la integración como una buena solución. «Hemos dado una buena puntuación a la permeabilidad, porque se ha mejorado la conexión entre barrios, pero lamentamos que las obras se lleven a cabo con tanta lentitud. Los plazos se están ampliando mucho», apunta la presidenta de la entidad, consciente de que «parece complicado revertir el proyecto de integración».
94 propuestas
componían la Carta Ciudadana 2019-2023, suscrita en la pasada campaña electoral por PSOE y Toma la Palabra (hoy en el equipo de Gobierno). El documento para el próximo mandato será presentado en breve a los partidos políticos.
«Todo dependerá de quién salga en las elecciones municipales, pero también en las generales, porque el 50% del proyecto depende de sociedades del Ministerio de Fomento». «Al final, valoramos lo hecho, sin más controversia, aunque también vemos que no parece que haya habido interés por parte del equipo municipal en buscar esas alternativas que planteábamos» para buscar fuentes de financiación que no dejaran caer en saco roto el soterramiento.
De las 94 propuestas que componen la carta ciudadana, más del 10% se han llevado a cabo en su totalidad y dos tercios tienen un grado de ejecución «muy alto». Entre los puntos positivos, destacan la apuesta por el uso de la bici y los desplazamientos a pie, el uso de energías verdes en las dependencias municipales, los programas de acceso social a la vivienda o la reducción del parque de viviendas vacías.
«Hay concejalías y áreas en las que hemos observado un mayor desarrollo de las propuestas que hicimos», apuntan. Entre ellas, destacan Movilidad, Servicios Sociales («la pandemia hizo que no tuvieran más remedio que ponerse las pilas»), Educación («los programas de educación de adultos y la apertura de nuevas guarderías») o el apoyo al deporte base y los clubes más modestos.
En el lado opuesto de la balanza se encuentran las materias de Medio Ambiente y Limpieza, donde reclaman, por ejemplo, la gestión pública del Centro de Tratamiento de Residuos. También reivindican mejoras en cuestiones de participación ciudadana (con más consultas a las asociaciones antes de la adopción de medidas y la celebración de asambleas vecinales).
Estas son algunas de las 17 acciones propuestas que no alcanzan el aprobado. Aquí hay también un aspecto vinculado con el tráfico y la movilidad. La Federación Antonio Machado reclama que los aparcamientos subterráneos en el casco histórico sean de uso exclusivo para residentes, con la construcción de estacionamientos disuasorios en los accesos a la ciudad y la conexión de estos con puntos de préstamo de bicis y líneas de autobús.
«Es algo que hemos planteado también en las alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones, para limitar el acceso indiscriminado a esos aparcamientos», apunta García, quien apuesta por su uso limitado a residentes, con flexibilidad para otros conductores a través de bonos de compras (clientes que consuman en el comercio de la zona) o comerciantes y personas que tengan en el centro su puesto de trabajo». «Restringirlo supondría evitar el efecto llamada al centro y además, se liberarían puestos de aparcamiento en la superficie», argumentan.
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