Los vecinos piden «más control» en torno al albergue de indigentes de La Victoria en Valladolid

«Nosotros entendemos que el albergue debe existir, pero lo que no podemos consentir es que desde que abrió sus puertas aquí durante el confinamiento (el 18 de abril de 2020) hemos visto cómo la convivencia se había imposible en una zona que siempre ha sido absolutamente tranquila», coinciden en apuntar un grupo de vecinos del paseo de Extremadura antes de concretar que en los últimos meses «hemos visto decenas de incidentes, gente durmiendo en colchones en los jardines, consumo y venta de drogas y peleas prácticamente a cualquier hora». El origen de este reguero de incidentes, en muchos de los cuales ha tenido que intervenir la policías, lo atribuyen a los movimientos de personas en torno al albergue provisional, que ocupa el antiguo centro municipal de ayuda a la dependencia, un inmueble situado en el número 9 del citado paseo, en un callejón al borde del puente de la Condesa Eylo. «No pedimos que lo cierren ni nada parecido, simplemente reclamamos más control de los usuarios tanto en el interior como en la calle, así como más limpieza de todo el entorno».

Sus quejas las han trasladado «por activa y por pasiva» al Ayuntamiento y a la fundación (Intras) que gestiona las instalaciones municipales, que abrieron sus puertas el 18 de marzo del año pasado a la espera de las anunciadas obras de remodelación y ampliación del albergue del Hospital Militar, que aún carecen de fecha para su inicio y conclusión al depender de la salida de otro servicio municipal, el de Salud Laboral, que ocupa parte de las instalaciones que van a ampliar.

La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, reconoce la existencia de los problemas, aunque matiza que «muchos ocurrieron meses atrás». La situación, defiende, «ha mejorado notablemente y poco a poco vamos adaptando las instalaciones a los nuevos servicios que hemos ido incorporando, como su uso como centro de día –motivo del trasiego casi constante de usuarios–». La edil, no obstante, pide y agradece la «comprensión» de los vecinos, muestra su disposición al «diálogo en positivo» y aclara que «lo que no podemos es encerrar a los usuarios y buscar soluciones por la vía de la invisibilidad».

Rafaela Romero recuerda, en este sentido, que el albergue es un «espacio abierto, que cierra sus puertas a partir de las diez de la noche –la hora límite de entrada para dormir–, pero en el que no podemos impedir a nadie que pueda salir puntualmente a fumar a la calle y mantenerle encerrado a la fuerza en el interior».

Los vecinos, en este sentido, afirman que han llegado a presenciar cómo algunos usuarios «saltaban por las ventanas al patio interior –de sus viviendas– para beber allí y dejarlo luego todo lleno de porquería». Escenas similares, añaden, «se repiten en los jardines de la calle, donde no solo duermen en ocasiones algunas personas sino que beben a diario e, incluso, hacen sus necesidades delante de todos». El entorno, reiteran, «está lleno de porquería y últimamente nos hemos encontrado, incluso, jeringuillas».

La concejala de Servicio Sociales incide en que «no podemos impedir a nadie que esté en la calle» y matiza que «también estamos trabajando sin descanso en materia de educación y concienciación de los usuarios del albergue», muchos de los cuales «acarrean graves problemas, en algunos casos psicológicos, que les convierte en sumamente vulnerables».

La propia edil, no obstante, anuncia el compromiso municipal de «reforzar la limpieza del entorno» y la presencia policial. «No vamos a estar allí todo el día y en torno al centro, como en cualquier otro lugar de la capital, se intervendrá si hay peleas o se comete algún delito», concluye.

La concejala, en cualquier caso, defiende la «buena gestión» de las instalaciones, a cargo de Intras –en sustitución de Cruz Roja después de veinte años de gestión del albergue municipal–, y reitera su disposición «a abordar los problemas sin culpabilizar o intentar invisibilizar a un colectivo tan vulnerable como este».

«Lo único que pedimos», inciden los vecinos del entorno del albergue, «es más control y vigilancia en el albergue». Raquel, vecina del inmueble que linda con el centro, afirma que los problemas de convivencia entre vecinos y usuarios «han desembocado en amenazas» hacia los primeros y ahonda en que «han generado una situación de inseguridad e insalubridad insostenible». Diego, residente en un bloque cercano y responsable de una entidad de ayuda a los vecinos ('Entre todos ayudamos'), coincide en su diagnóstico y relata que «muchos de los usuarios rechazan, incluso, la ayuda que puedas ofrecerles y se muestran, en ocasiones, violentos». A la vuelta de la esquina del albergue provisional se encuentra un taller mecánico en el que uno de los alojados llegó a colarse por el tejado de uralita durante el confinamiento. «Nunca había habido problemas aquí y desde hace año y medio han tenido conflictos con todos los negocios de la zona», explica Montse, una de sus responsables, quien coincide con el resto en que «ese centro necesita más personal y más control».

Vecinos y responsables municipales muestran, en cualquier caso, su voluntad de mantener una reunión en los próximos días para abordar la situación y buscar «soluciones positivas para todos».

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