Vecinos de Laguna dicen sentirse amenazados por algunos ediles

«La petición de dimisión la justificamos en lo que entendemos un incumplimiento de los acuerdos de gobierno entre Independientes por Laguna y el PSOE, que decían impulsar la participación a través de las diferentes asociaciones de la localidad y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero cuando nos dirigimos a ellos nos encontramos que nos dan con la puerta en las narices. Para nosotros, este no es el gobierno del cambio, sino el gobierno del recambio; quitan a unos para ponerse otros, pero todo sigue igual», manifestó el presidente de la asociación vecinal, Luis Miguel Pérez.

«Se nos acusa sin ningún fundamento de publicar sin pedir información antes, cuando la hemos pedido o no la dan o la dan parcialmente, y con calificativos de desprecio hacia nuestro colectivo, preguntamos cuando lo permiten en los plenos y consultamos las informaciones de información pública», apuntan desde la asociación.

Tanto el alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, como el teniente alcalde, Juan José Tomás Biosca, aseguran que las puertas del Ayuntamiento están siempre abiertas a todas las asociaciones que quieren aportar para la mejora de vida de los vecinos. «No tenemos ningún problema con ninguna asociación, nos reunimos regularmente con algunas de ellas y siempre les atendemos. Pero no entendemos la actitud de esta asociación, o de algunos de sus miembros, que nunca muestran una actitud constructiva», declara Biosca.

El conflicto se remonta al pasado mes, cuando la asociación vecinal La Calle publicó en sus medios digitales una información en la que cuestionaban las «abultadas» cifras de ahorro anunciadas por el equipo de gobierno tanto por el nuevo convenio de la depuración de agua firmado con el Ayuntamiento de Valladolid como por la sustitución de las antiguas luminarias por las actuales de tecnología Led. Ante estas informaciones, el alcalde de Laguna, Román Rodríguez, y el teniente alcalde, Juan José Tomás Biosca, convocaron una rueda de prensa en la que desmintieron los números de La Calle también con datos oficiales y apuntaron que el error de la asociación vecinal se debía a que se habían hecho eco de los datos de la liquidación de 2017 cuando en esa liquidación recogía facturas abonadas en 2017 pero correspondientes a 2016.

Biosca afirmó en este sentido que «solo la ignorancia, la mala fe o el afán de no sabemos qué intereses pueden justificar el despropósito». Y añadió: «Si la asociación continúa difundiendo noticias falsas podrían tener consecuencias judiciales».

Estas palabras son consideradas por la asociación vecinal como una amenaza: «No solo no debemos denunciar estos alardes de autoritarismo del gobierno municipal, sino que no nos dejamos intimidar y advertir que desde un cargo público es impropio de una democracia avanzada espolear la animadversión contra los colectivos vecinales», afirmó Pérez.

Pérez desmiente que difundan noticias falsas, «cuando no estamos en disposición de dar noticias, sino que hacemos análisis críticos una vez que las noticias las facilita el propio equipo de gobierno, que es quien tiene la información privilegiada o ante la consulta de información pública». Biosca responde que lo que ocurre es que no saben interpretar los datos.

Para la asociación vecinal, «el equipo de gobierno confunde deliberadamente la información crítica ante informaciones que ellos mismo facilitan y que se hacen dentro del marco de la libertad de expresión constitucional sin insultar ni vejar a nadie, con la noticia falsa y la injuria».

La asociación vecinal La Calle mantiene que el ahorro anual de alumbrado eléctrico por las luminarias Led es de 57.569,10 euros, «cifra muy alejada del 60% de ahorro en electricidad que públicamente nos dieron como noticia», que el endeudamiento del municipio asciende a 1,2 millones de euros y critica que el gobierno aprobara declarar saldos de dudoso cobro por valor de 2,7 millones de euros. También critica la falta de transparencia de los gastos políticos y reivindica la 'remunipalización' del punto limpio y los presupuestos participativos.