«Uno de cada tres empleos creados eran sumergidos y afloraron en una inspección»

-En el descubrimiento de infracciones laborales, ¿se aprecia una evolución al alza o a la baja?

-Es cierto que el año pasado hubo un incremento de las infracciones en general y, además, en todas las áreas: Seguridad Social, Laboral y Prevención. Cada vez somos más eficaces en la inspección. Dos ejemplos: en gente que estaba trabajando sin dar de alta, el año pasado afloraron 5.420 empleos, el 2,87% más. Si tenemos en cuenta que el paro bajó en 15.500 personas en la comunidad, de ellos más de un tercio fueron aflorados por la inspección. Llevamos cinco años por encima de cinco mil trabajadores. Por otro lado, en julio del año pasado se aprobó el plan director por un trabajo digno, que busca una mayor calidad en el empleo. Se enviaron una serie de cartas a empresas de las que teníamos noticia de la existencia de contratos que habían superado los plazos legales. Las acciones afectaban a 2.949 trabajadores y como consecuencia de la campaña 1.990 se transformaron en indefinidos. Son el 67% de los trabajadores. Tenemos una herramienta que es cada vez más potente en la lucha contra el fraude y hemos avanzado mucho en minería de datos, en 'big data', análisis de contratos… Y con todo, solo el envío de cartas ya es muy eficaz. Además, en Castilla y León tenemos el valor añadido del diálogo social. Todas las iniciativas se consensúan con la Junta, Cecale, CC OO y UGT. Porque los destinatarios de nuestra labor son los trabajadores y las empresas y, al final, quien sabe dónde están los problemas son ellos. Creo que todo ese conjunto de factores nos dotan de mayor eficacia. Al igual que me gustaría destacar en particular la labor de los inspectores y subinspectores en el desempeño de sus funciones, así como la colaboración que en ocasiones o en campañas concretas llevamos a cabo con las Fuerzas de Seguridad y los inspectores de la Agencia Tributaria. Con estos últimos hemos desplegado una campaña conjunta pionera contra las irregularidades en el comercio electrónico.

-¿Diría que aquí se obtienen mejores resultados que en otras comunidades gracias al diálogo social?

-Hay más comunidades donde también existe el consenso con los agentes sociales. Aquí lo tenemos y resulta eficaz.

-¿Cómo arranca una inspección, cómo es un caso típico? ¿Siempre comienza con una denuncia?

-No necesariamente. De hecho, de los más de 46.000 expedientes del año pasado fueron originados por denuncias aproximadamente el 10%. Hay otro 15% o 20% que vienen por una petición de la Tesorería de la Seguridad Social, o del servicio público de empleo, el fondo de garantía salarial, el Ecyl; es decir, otras administraciones para las que somos como la ventanilla única. El resto lo planificamos, es lo que consensuamos con los interlocutores.

-¿Los incumplimientos se renuevan con los tiempos o se repiten los 'de siempre'?

-Habría que hablar por áreas. En Seguridad Social, lo más frecuente son las faltas de alta y las diferencias de cotización, es decir, cuestiones de nómina que no están cotizadas, como la productividad, dietas que no son tales, horas extras no cotizadas, etc. En materia laboral, la palma se la lleva el fraude en la contratación, seguido del tiempo de trabajo y de los salarios y en prevención, deficiencias en las máquinas o instalaciones, condiciones de seguridad en el trabajo, falta de evaluación de riesgos y no cumplir los derechos de información y formación de los trabajadores.

-¿Se descubren muchas situaciones que llevaban produciéndose a largo plazo, o más bien son casos de recorrido corto?

-Hay de todo. Tanto en falta de altas como en situaciones de riesgo hay situaciones recientes y otras que llevaban haciéndose mal durante un tiempo. No se puede comparar una industria, con sus instalaciones estables, con una obra de construcción, que es algo temporal. Y habría que distinguir las faltas de alta, que se dan más en el sector servicios, de los incumplimientos en seguridad, que se producen en la construcción. Pero no hay que estigmatizar a nadie. Actuamos sobre todos los sectores y cada año consensuamos las prioridades. Querría que quede claro que no siempre vamos con ánimo de levantar expediente de infracción, muchas veces lo que hacemos es requerir una mejora y velar por que se cumpla.

-Pues la patronal dice que solo van a recaudar…

-El espíritu de la inspección no siempre es sancionador, muchas veces solo requerimos la subsanación de la irregularidad.

-¿Considera que el departamento cuenta con suficientes medios? La ministra anterior dijo que no eran necesarios más efectivos porque aquí hay poco fraude…

-En Castilla y León somos 137 inspectores y subinspectores; 13 y 15 respectivamente en Valladolid. Pero la pasada semana se publicaron en el BOE las plazas del nuevo cuerpo de subinspectores de seguridad y salud que por primera vez vienen a Castilla y León, a las provincias de Valladolid y León. Si pregunta a la patronal dirá que somos muchos y si pregunta a las organizaciones sindicales dirán que somos pocos.

-La presidenta de los empresarios de Valladolid dicen que son muchos... y muy activos.

-Pues los planes son consensuados con ellos.

-¿Y las inspecciones se avisan de alguna manera o son totalmente por sorpresa?

-La ley 23/2015 dice que no es necesario preavisar las visitas a los centros de trabajo.

-¿Qué encuentran más, colaboración u obstrucción?

-Alguna obstrucción hay, pero no es lo frecuente.

-Gente escondida en los lavabos...

-En Castilla y León, no. Puede ser muy aisladamente.

-¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del registro de jornada?

-Creo que era algo absolutamente necesario. Primero por garantizar los derechos de los trabajadores en materia de jornada, segundo por la necesidad de conciliar la vida personal y laboral y tercero por motivos de seguridad y salud. Dicho esto, hoy en día es una cuestión que ya no es cuestionable. Recientemente ha salido una sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea, el 14 de mayo, que viene a exigir que exista un registro de jornada objetivo, fiable y accesible. Por los motivos que estoy hablando y porque los excesos de jornada incrementan la siniestralidad. Aquí lo que ha sucedido es que se han generalizado otros registros que ya existían. El Estatuto de los Trabajadores ya obligaba a llevarlo en el caso de los contratos a tiempo parcial y para el control de las horas extras. También existían en algunos sectores, como el del transporte, y otros que tienen jornadas especiales. Ahora solo se ha generalizado.

-¿Cómo comprueban que alguien trabaja más horas de las estipuladas, o que no se le pagan las extras?

-Ir a la empresa y verificar si existe o no el registro es solo un instrumento más para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y las horas extras. Tenemos entrevistas con los trabajadores, hacemos visitas al centro de trabajo, visitas fuera de horario... Un dato importante: en 2018 en Castilla y León hemos realizado cerca de 3.500 visitas en fines de semana o nocturnas. Los instrumentos son muchos, no solo el registro, que es uno más.

-¿La diversidad de métodos que se están utilizando ofrecen fiabilidad? ¿Se podrían manipular?

-Según el criterio público de la inspección, la organización y documentación del registro de jornada se puede introducir en la negociación colectiva y se debe llegar a un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Hay libertad para hacerlo con una hoja de firmas, huella dactilar, tarjeta de fichaje... La norma fija un mínimo y los interlocutores sociales deben ajustar ese mínimo a sus necesidades. Hay que ser prudentes y ver qué pasa en la negociación colectiva y en los acuerdos de empresa, qué sistemas se implementan.

-¿Ha habido ya alguna sanción?

-No tengo conocimiento. Que yo sepa, no. Hablo con los inspectores... muchos días.

-¿Inspecciones ha habido?

-¿Específicas para el registro de jornada? No lo sé. En alguna visita puede haberse pedido. Es posible, aunque no lo puedo asegurar.

-¿Hay o habrá un número de efectivos dedicados solo a esto?

-No. Ni tampoco una campaña específica. El año pasado consensuamos con los interlocutores sociales una campaña sobre el tiempo de trabajo, que es algo más amplio que el registro e incluye vacaciones, descanso entre jornadas, horas extras... ahí sí hay una campaña. Me gustaría poner énfasis en el valor añadido, en las sinergias que aporta el consensuarlo todo con CC OO, UGT y Cecale.

-¿Y las nuevas formas de trabajo, atípicas pero cada vez más frecuentes: trabajo en casa, movilidad...?

--Hay aplicaciones informáticas que permiten controlar todas esas posibilidades. Lo que busca la norma es que en cada caso los interlocutores adapten el control a su sector. Debemos poner las luces largas, tomarlo con pausa y dar cabida a la negociación colectiva para ver cómo se traspone en los acuerdos empresariales.

-La búsqueda de la conciliación puede chocar con la desconexión digital. Hay dispositivos que podrían invadir la privacidad del trabajador, ¿cómo va a contemplarse esto?

-Afortunadamente, la ley orgánica 3/2018 de protección de datos regula todo lo relativo al alcance de la geolocalización, sus límites, consentimiento de los trabajadores, etc.

-¿Ha desatado la ley las hostilidades laborales, con unos hablando de la pausa del café y otros de los mensajes fuera de horario?

-Hay que distinguir el tiempo de trabajo efectivo de la mera presencia. La norma es clara, solo obliga a registrar el horario de inicio y el de finalización. Luego, si hay pausa para bocadillo está regulada en el artículo 34, que dice que será tiempo de trabajo efectivo si se recoge en el convenio colectivo. Al final todo dirige a lo que pacten la empresa y los trabajadores de acuerdo con las características del trabajo, como por ejemplo si hay jornada partida. El criterio técnico recomienda que todas las pausas en el trabajo estén clarificadas en algún acuerdo o convenio. Se abre un periodo de casuismo y sentido común. En Derecho, una norma no puede abarcar todas las posibilidades del mundo real. Luces largas y, además, vamos a ver cuál es la doctrina judicial. Pero quedémonos con la idea de negociación colectiva.

-El Banco de España afirma que uno de cada diez autónomos son falsos. Hay profesiones, como los 'riders' o repartidores, en situación no sé si ultraprecaria. ¿Qué hace la inspección a este respecto?

-Es difícil dar cifras reales. ¿Cuál es la cifra real del empleo sumergido? Por definición no se puede saber. Hay falsos autónomos. Yo llevo 26 años en la inspección y han existido toda la vida. En Castilla y León hemos regularizado más de cuatrocientos en las industrias cárnicas, algunos todavía 'sub iúdice', así que veremos por dónde van las sentencias. El de los 'riders' es un tema fronterizo y con sus aristas jurídicas. La línea que delimita al autónomo dependiente es una zona gris con la que llevamos actuando los inspectores y los jueces de lo Social desde tiempo inmemorial. Sobre los 'riders', después de que la inspección se inclinase por la relación laboral, ha habido sentencias en Madrid y Barcelona, unas partidarias de la relación laboral, y otras, de considerarlos autónomos. Así que habrá que esperar al Supremo. En Castilla y León hay varias inspecciones abiertas en diversas provincias, así que vamos a ser cautelosos.

-Los falsos becarios, o trabajadores en prácticas que no son tales, ¿los investigan?

-Precisamente estamos en plena campaña para ver si son realmente becarios o se está encubriendo una relación laboral. La clave aquí es si la finalidad es formativa o si ocupan un puesto de trabajo. En esta cuestión nos está sirviendo de ayuda la minería de datos. Insisto en que siempre trabajamos con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, pero también entendemos que es preciso que existan elementos de flexibilidad que empresarial.

-¿La subida del salario mínimo se ha asumido con naturalidad o ha dado problemas?

-En mi opinión era necesario subirlo, pero volvemos a estar ante una cuestión demasiado reciente. La pasada semana la Audiencia Nacional emitió una sentencia sobre los conceptos y complementos que se engloban en el salario mínimo, pero una vez más falta el Supremo. Aquí la mayoría de los convenios están por encima del salario mínimo y me imagino que Cecale y CC OO y UGT estarán negociando los demás. Actuaciones masivas de la inspección no ha habido en este asunto.

-¿Cree que las sanciones por una irregularidad son suficientemente disuasorias o hay casos en los que compensa infringir?

-Los empresarios pensarán que son altas y los sindicatos, que bajas. Aplicamos las que marca el legislador. Pero hay que decir que en seguridad y prevención son más mucho altas que en laboral.