Absuelto el acusado de apropiarse de 300.000 euros de una sociedad familiar

«Las condiciones económicas las fijó mi padre y al morir él en 2001, seguí con el mismo sueldo. Siempre cobraba lo mismo (34.616,40 euros anuales) y solamente subía lo correspondiente del IPC y no todos los años. Eso lo sabía el resto de los socios (también familiares del acusado)», afirmó durante la vista oral Moyano, que se enfrentaba inicialmente a una pena de cinco años de cárcel (tres años por el delito de apropiación indebida y otros dos por falsedad documental).

Precisamente el fallo refleja la declaración del acusado, pues «estamos ante una sociedad con una composición de naturaleza netamente familiar, que comenzó a desarrollarse antes de la formación de la sociedad, en vida del padre del acusado y la querellante (la hermana de César Moyano). Siempre ha funcionado del mismo modo, de tal forma que, cuando vivía el padre, el acusado trabajaba con él en la explotación a tiempo completo, sin contrato, cobrando remuneración por el trabajo y, en todo momento, los beneficios de la sociedad han sufragado los gastos familiares, de la querellante, el acusado, y su madre, de modo que la situación familiar y societaria se hallan entrelazadas desde el principio», reflejan los fundamentos de derecho.

De esta forma, «no existe prueba fehaciente de que los gastos entre 2013 y 2018, que se le imputan como defraudados, ya que son personales y se le imputaron a la sociedad, fueron tales, ni tampoco que se desconocieran por la querellante y su familia», añade.

Un trabajo que desempeñó Moyano hasta el 13 de septiembre de 2018, día en el se formalizó el cese del cargo como administrador. «El motivo fue que creían que no se llevaban bien las cosas. Durante todo el tiempo, las nóminas las elaboraba la misma persona que estaba con mi padre y que siguió con nosotros después de su muerte», añadió en su declaración César Moyano, quien empezó a trabajar en la explotación agraria de su padre a principios de los años 80 y que continuó una vez que se formalizó la sociedad.

En esa cantidad de los 300.000 euros se añadían los gastos personales, que el acusado presuntamente abonó con la tarjeta de la mercantil o directamente domiciliados a una de las cuentas bancarias y que ascienden a 40.428 euros al estar incluidos el alquiler de un garaje para uso personal, así como centenares de compras en establecimientos hosteleros o supermercados entre el 2013 y el 2018. «Los contratos de alquiler de la plaza de garaje, de los que también se ha beneficiado la querellante, los gastos de carburante, ferretería, supermercado El Corte Inglés, de Decoración Duero, son gastos que, el acusado, declara que revertían en beneficio de la sociedad, porque todos se beneficiaban de los vehículos a nombre de la sociedad, del repostaje de gasolina, de la decoración de estancias de la finca, en nombre de todos se hacían regalos al despacho de abogados que les asesoraban sin percibir emolumentos, dada su relación cuasi familiar, como ellos declaran en el juicio oral, y en beneficio de la familia se abonaban los importes, incluidos los relativos a la herencia del padre y del hermano fallecido, parte del cual, este último, el acusado asumió personalmente, en beneficio de su sobrina», refleja la sentencia.