Valladolid suma cuatro locales sancionados desde 2021 por incumplir con la seguridad

Una intervención de la Policía Local que no fue noticia por llegar a tiempo para su clausura, «de lo contrario, ahora podríamos estar recordando desgracias como las de Murcia o las del Siete Siete», apuntan aquellos que lo vivieron. Porque desde entonces, las inspecciones y las sanciones han seguido presentes dentro de los establecimientos abiertos al público de la provincia, motivadas principalmente por incumplir la normativa con los aforos y el control de los extintores. Los clásicos de las irregularidades.

A pesar de todo, durante los últimos tres años, en la provincia se han sancionado a 14 responsables de locales por infracciones muy graves, de las que cuatro corresponden a sanciones por incumplimiento de las medidas de seguridad que comportan riesgo grave para las personas.

Cuatro intervenciones derivadas principalmente de la revisión de extintores, obligados a tener en el local a tenor de lo que remarca la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León. En 2021 se sancionó al propietario de un negocio con la inhabilitación de un año, además de una multa de 6.001 euros, por tener un incorrecto emplazamiento de los extintores, que además no contaban con la revisión y sin timbrado. Un año después, se ejecutaron también sanciones muy graves por incumplir con la seguridad. Uno de los casos fue de 6.001 euros por carencia de extintores, otro por la carencia de extintores y no contar con el seguro de responsabilidad civil (36.000 euros y cierre del local un año), mientras que el último caso supuso la clausura durante un año y tres meses un negocio por cuestiones higiénicas, deficiencias en la instalación eléctrica y en relación con un horno industrial.

Precisamente, durante este año en Valladolid han sido ocho los expedientes que han finalizado con sanción muy grave, ninguno de ellos por infracción de medidas de seguridad que comportaran grave riesgo. Esos ocho expedientes derivaron en cinco cierres y tres inhabilitaciones, además de multas totales que han superado los 16.000 euros.

Estos datos se muestran en sintonía con lo que sucede en otros puntos de las provincias de Castilla y León, pues, como resumen, desde 2021 se han tramitado 103 expedientes con sanción muy grave, lo que se ha traducido en 51 cierres temporales y 38 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la actividad.

Precisamente, los ayuntamientos son las administraciones competentes para la concesión de las autorizaciones o licencias. Y son estos los que deben velar porque se dé cumplimiento al contenido de sus autorizaciones o licencias, y en su caso, las inspecciones oportunas.

En el caso de Murcia, por lo que ha trascendido, el cierre no devenía de un expediente sancionador, sino de un cierre por carecer de la autorización para el ejercicio de la actividad, o no ejercerla en los términos adecuados; actuación ésta que, sin perjuicio de poder dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, forma parte del ámbito propio de control municipal.

Por su parte, la actuación de control de la Junta de Castilla y León se realiza en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora, de tal manera que las inspecciones que se realizan de los locales por posibles sanciones derivan de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; en el caso de Valladolid ciudad, o en localidades que cuentan con Policía Local, es éste el cuerpo que realiza las funciones de control, siendo la Guardia Civil quien actúa en el plano rural, como actividad cotidiana o periódica de control y en el que se reportan posibles incumplimientos de la ley de espectáculos (aforo, horario, menores, medidas de seguridad, seguro, licencias...). Las infracciones de carácter grave son competencia de la Delegación Territorial y las infracciones de carácter muy grave son competencia de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Unas sanciones que se imponen por infracciones graves abarcan multas de 601 a 6.000 euros o cierre de hasta un año, entre otras; mientras que las muy graves contemplan multas de 6.001 a 100.000 euros o cierre de hasta tres años, entre otras.

En el caso de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, se opta como sanción preferente por el cierre, siempre que el local no haya cesado en su actividad y no se haya producido un cambio de titularidad. Y no son raros los supuestos en que se impone más de un tipo de sanción; por ejemplo, multa pecuniaria y cierre temporal.