Valladolid recauda casi 700.000 euros de 88 energéticas que no pagaban la tasa municipal

Según recoge el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales, esta obligación fiscal compromete a las firmas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario a abonar el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada localidad. Se incluyen tanto las distribuidoras y comercializadoras de estos, mientras que quedan exentas las de telefonía.

Las grandes empresas sí que cumplían esta obligación, lo que suponía de media unos ingresos de 3,3 millones de euros al año para las arcas municipales. Sin embargo, a partir del año 2000, con la liberalización del sector, han entrado nuevos operadores en el mercado que no habían regularizado su situación. En octubre de 2019 se tramitó un expediente para aprobar la contratación de los servicios de verificación de esta situación.

El contrato se adjudicó a Arturo Acosta Martínez, un consultor especializado en temas energéticos. La condición: recibiría 13.940 euros (IVA incluido) si los ingresos adicionales reconocidos en las nuevas liquidaciones que se aprobaran superaban los 170.000 euros. Y así ha sido.

En total, se han realizado intervenciones con 88 empresas y se han aprobado un total de 191 nuevas liquidaciones por un importe de 693.280 euros, un pellizco nada desesdeñable cuando los ingresos del Ayuntamiento van a la baja por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Según destaca Pedro Herrero, la importancia de la tarea es que, además de la regularización y el dinero obtenido con estas inspecciones, estas compañías enviarán a partir de ahora sus declaraciones de ingresos brutos y continuarán con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mientras sigan siendo sujetos pasivos de la tasa. Quedan, pues, controladas.