El PP de Valladolid presenta un recurso contra los cambios en el tráfico y avanza que llegará a los tribunales

Del Olmo avanzó su intención de llegar a los tribunales, concretamente a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, si su alegación en la vía municipal no prospera, como cree que debería. En ese caso, están dispuestos a pedir incluso medidas cautelares al juzgado para que anulen las modificaciones hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Acompañada del concejal Francisco Blanco, la dirigente popular subrayó que el recurso está «bien fundamentado y es sólido». Fue el nuevo edil, que sustituye en la bancada a Borja García Carvajal (ahora gerente del PP), el que desarrolló los puntos de las alegaciones. Primero, destacó, vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, en su artículo 7, obliga a evaluar el gasto público. El decreto por el que se aprobó «carece de memoria económica ni ningún otro instrumento equivalente». «Esta justificación del gasto es inexistente», matizó Blanco, cuando se han realizado inversiones en señalización, pintura o balizamiento de los 21 carriles bus-taxi y los dos carriles-bici, así como para la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Cánovas del Castillo, según apuntó. A ello, añadió los 100.000 euros que gastará el Ayuntamiento en corregir el tramo del canal para bicicletas de Isabel la Católica, entre Poniente y el puente hacia la plaza del Milenio.

Blanco argumentó que el decreto infringe la Ley de Tráfico, ya que estos cambios deben aplicarse mediante una ordenanza y no con un decreto, «una norma de carácter menor, a la altura de los bandos y las instrucciones». Según abundó, también vulnera la ley tanto en los requisitos para su tramitación como por la modificación de los usos de vías urbanas con una «alteración más que sustancial del orden circulatorio», algo para lo que el Ayuntamiento no tiene competencias, explicaron.

El PP insistió también en que el decreto de movilidad vulnera la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Participación Ciudadana de Valladolid, que exige para su aprobación de un trámite de audiencia pública a los interesados y su visto bueno por parte del pleno. El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid establece, además, que «es un derecho de los ciudadanos de Valladolid participar en el ordenamiento y regulación del tráfico, algo que tampoco se ha cumplido». Respecto a la justificación de que estos cambios estaban contemplados ya en el PIMUVA de 2004 aseguran que la memoria justificativa de 7 de septiembre de 2020 para aprobar el decreto, es totalmente diferente a aquel documento.

«La mayoría de los sectores afectados –comerciantes, hosteleros y muchos vecinos– están en contra de estos cambios; mientras el equipo de gobierno se dedica a negar la evidencia, todos los días en las redes vemos cómo los vecinos cuelgan vídeos y fotos de atascos en cualquier punto de la ciudad», remachó Del Olmo.

En su opinión, el equipo de Puente tiene «posibilidad de rectificar» y confió en que se deje de «ningunear» a la oposición en un asunto que afecta a los ciudadanos y que está generando malestar en la capital.