Valladolid pone coto a los pisos turísticos

El de este joven, actualmente desempleado, era su sueño; poder disponer de una vivienda donde alojar a viajeros, donde poner en práctica el método que a él le ha permitido viajar por media Europa. Dormir en un piso particular por un módico precio. «Pero sin ánimo de lucro, solo para compartir gastos», insiste en la necesidad de aclarar que no pretende ser competencia de nadie, «porque la verdad es que no sé ni qué normativa hay al respecto». ¿Y por qué no alojarse en un hotel? «No es lo mismo, la experiencia se desvirtúa, aquí se trata de conocer gente, de dejar rastro y de que los usuarios te valoren. Un reto personal, de conocer personas».

Su idea podría sonar bien, acorde a los nuevos tiempos y formas de viajar europeas, si no fuera porque el de este vallisoletano se suma a un listado de más de 300 pisos turísticos que solo en 2018 registraron más de 105.000 pernoctaciones y cuyos 'caseros' se embolsaron 1,6 millones de ingresos. La mayoría, dos tercios, en inmuebles sin registrar, fuera de control y de la legalidad, sobre los que el colectivo de alojamientos hoteleros y el propio Ayuntamiento quieren poner coto antes de que el propio sector se resienta aún más y el turismo de cinco estrellas que anhela Valladolid baje a los niveles rasos.

En esas están las administraciones, en medio de una regulación que se antoja una maraña legal y donde usuarios y arrendadores hacen encaje de bolillos para cumplir o sortear (en función de si es o no legal) una normativa que los administradores de fincas, con los primeros problemas de convivencia ya en comunidades de vecinos, consideran blanda. Aquí, en Castilla y León, no se permite el alquiler por habitaciones como piso turístico –se rige por la Ley de Arrendamiento–. Todos los establecimientos computan como inmueble completo y deben estar registrados previo cumplimiento de una declaración responsable y de una serie de requisitos (debe tener una superficie específica, una serie de estancias, la obligación de exponer listado de precios, aforo, etc.). A cambio, recibes un número de registro con una placa que avala que cumples con la legalidad pero del que a día de hoy carecen más de 200 establecimientos que están en funcionamiento en Valladolid –dos tercios de los contabilizados en el reciente informe sobre el turismo en la ciudad–. ¿En qué se traduce esta cifra? En picaresca de los anfitriones que operan en clandestinidad con el fin de evitar inspecciones y su correspondiente sanción.

La búsqueda de un alojamiento de este tipo se antoja así casi una cita a ciegas. El anuncio de la inmensa mayoría de casas y habitaciones no especifica la dirección (solo la zona) para evadir posibles inspecciones. Y solo cuando has realizado la reserva y efectuado el pago el propietario contacta vía telefónica y facilita la dirección –la plataforma que anuncia el piso se queda un porcentaje del precio–. ¿Qué ocurre con la seguridad? Esa es otra cuestión. «Está descontrolado», se lamenta Francisco Posada, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Valladolid. «Es una competencia ilegal que nadie controla ni vigila. No sabemos quién está entrando en esos pisos, porque nosotros enviamos a la Policía los datos de cada cliente, pero aquí no», advierte.

Hace meses que la asociación que preside Posada advierte de que en los últimos cinco años en Valladolid solo se ha abierto un hotel con 110 plazas frente a las más de 500 que se han creado en pisos turísticos. Su batalla, aclara, son los ilegales, no aquellos registrados cuyas plazas se pueden contabilizar dentro de la oferta turística que aglutina el colectivo que preside. «En ningún momento nos oponemos a que haya apartamentos o viviendas de uso turístico, pero sí a los que se ofertan sin ningún control ni registro. Y está justificado, porque hay ahora 700 u 800 plazas en pisos que antes se buscaban en hoteles», añade.

La guerra a los alojamientos 'piratas' se ha abierto antes de que esta burbuja turística estalle. Su apertura es reciente, con un importante crecimiento en los dos últimos años –en 2018 había 303 frente a los 189 de 2016–. Y antes de que vaya a más, la Junta ha lanzado una ofensiva para poner coto a los establecimientos clandestinos. Lo hace en colaboración de la Policía Nacional, con quien ha confeccionado un protocolo de actuación para localizar e identificar a los titulares de alojamientos anunciados que no figuran en el registro de turismo. Comenzó en junio de 2018, en una investigación por las principales plataformas de internet donde se anuncian estas viviendas.

Solo en Airbnb, una de las más destacadas, detectó 170 anuncios, de los cuales, 78 no estaban regularizados. A través de la propia web contactó con los propietarios y les informó de que incumplían la norma. La mayoría optó entonces por regularizar su situación, pero hubo 14 que continuaron de forma ilegal. La plataforma web bloqueó entonces la búsqueda y fue la Policía Nacional quien trató de localizar a los titulares. ¿El resultado? Tres sanciones hasta la fecha a viviendas de uso turístico y una más a un apartamento, de cuantías no especificadas.

La respuesta está siendo contundente, máxime tras la petición formulada desde el Ayuntamiento y el sector hotelero para la regularización del sector, para que se aplique la normativa sobre inspección turística de forma firme sobre quienes incumplen la legalidad. Solo en un año se han conseguido regularizar setenta nuevos alojamientos. Pues si en la primera inspección de junio de 2018 había 39 viviendas registradas, con fecha de septiembre de este año el censo tiene ya 109, «un éxito de la colaboración entre la Junta y la Policía», destacan desde el servicio territorial de Turismo.

Pero la guardia no cesa. Y avisan de que la colaboración continuará en un seguimiento contra el intrusismo. De hecho, el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado una reunión a tres bandas entre la Junta y la Subdelegación del Gobierno para hacer un esfuerzo en el control de este tipo de oferta, que a tenor de los anuncios que se pueden hallar en la red, es variada. En un simple vistazo al portal Airbnb, el más destacado de alquileres temporales, el usuario puede reservar una habitación con baño compartido con el matrimonio de anfitriones –adaptan su salón habitual en dormitorio– o pagar por una noche en una casa burguesa de 1900 en el corazón del casco histórico de Valladolid. Hay de todo. Pero siempre con la posibilidad de leer en el párrafo de presentación si la vivienda está o no dada de alta en el registro de uso turístico.

«Es importante que nos fijemos para saber qué es lo que estamos contratando», advierte Prudencio Prieto, de la Unión de Consumidores de Castilla y León, quien explica que aún no se han registrado quejas o denuncias sobre este tipo de alojamientos. «Sí las hay sobre los que se contratan en zonas costeras por ejemplo», pero el sector en Valladolid está empezando y la tendencia de este tipo de turismo es muy incipiente. Su recomendación en este sentido es clara: «Hay que pedir contrato aunque solo sea para dormir una noche, de lo contrario tendremos las de perder ante cualquier imprevisto o irregularidad». En las oficinas de este colectivo asegura que reciben numerosas peticiones de información, pero no llegan a ser denuncias como tal. Tampoco en la Policía Nacional se ha registrado demanda alguna, pues fuentes policiales especifican que de registrarse alguna estafa o engaño «lo habitual es que el cliente presente la denuncia en su lugar de origen».

Sí hay en cambio varias quejas de comunidades de propietarios que soportan ya el trasiego de maletas, de llamadas a horas intempestivas y de molestos ruidos por parte de inquilinos no habituales. «¿Y quién nos dice a nosotros que esos clientes que en teoría vienen a hacer turismo no son personas conflictivas?», incide el responsable del colectivo hotelero, a la vez que aboga por aplicar la norma y que todos los pisos cumplan los requisitos exigidos para que estén controlados. «Insisto en que estaríamos encantados de incorporar esas plazas a las de alojamientos turísticos de Valladolid, pero siempre que sean de calidad y dentro de la legalidad».

Hace tres años que el joven matrimonio formado por Juan López y Pilar San Martín, acostumbrados a ver esta fórmula en sus viajes por España, decidieron adquirir dos viviendas y acondicionarlas para turistas ávidos por conocer la ciudad. Fueron, según recuerda, los terceros o cuartos en registrarse en Valladolid, trámite que completaron tras constituir una empresa que gestionara el negocio. «Llevamos más de 400 ó 500 entradas y la experiencia no puede ser mejor. Jamás hemos tenido ningún problema, el comportamiento es ejemplar», resume este matrimonio. El suyo es un ejemplo de lo que el sector turístico desea. Ofrecen tres viviendas recién reformadas, a precios competitivos y con «todas las garantías».

Así que no pueden estar más de acuerdo con los hoteles en que es necesario que todos tengan «las mismas condiciones de juego» y que la competencia desleal sea sancionada. «Nosotros generamos empleo, tenemos dos mujeres contratadas, y constituimos nuestra empresa», señalan. Lo suyo, dicen, es vocacional. Asesoran a los clientes –60% españoles– sobre los mejores lugares para tapear o los mejores planes en la ciudad. «Y al final se trata de invertir en futuro. Si el turista queda contento, volverá. Pero si se le engaña no pisará más Valladolid».