Valladolid no contempla multas por acceder a la ZBE «hasta bien entrado 2026»

El apartado en el que se reflejan los periodos de inicio de las restricciones en la ordenanza está precedido por la siguiente frase: «con carácter general se establecen las siguientes fechas», y son esas palabras, que aluden a ese carácter general, las que permiten que los tiempos se puedan prolongar más de lo establecido en el propio calendario. De hecho, el propio concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, asegura sin dobleces que los plazos marcados se van a dilatar. «No nos engañemos. Todo esto puede tener sus variaciones dependiendo del periodo de exposición pública y también con otros aspectos como la normativa europea, la del gobierno central, la autonómica, la evolución de la fabricación de vehículos o de las ayudas. Con toda seguridad, yo creo que hasta muy entrado el 2026 no habrá capacidad sancionadora, una vez concienciada la población», asegura el edil de área.

Ese más que probable incremento de los tiempos marcados contrasta directamente con la premura que ha tenido el equipo de gobierno para llevar la ordenanza a la comisión de Movilidad, por el procedimiento de urgencia. De hecho, tanto el grupo municipal socialista como Valladolid Toma la Palabra se han quejado de que no han tenido tiempo de estudiar la ordenanza antes de su aprobación, algo con lo que no está de acuerdo el concejal de Movilidad. «Desde el viernes hemos remitido información a los distintos grupos políticos y la incorporación como despacho extraordinario es algo habitual en las distintas comisiones. Nosotros queremos tener aprobada esa zona de bajas emisiones antes de que finalice el 2023», zanjó.

La ordenanza será aprobada por el pleno del próximo lunes, 18 de diciembre, y posteriormente el texto se publicará para que se abra un plazo de 30 días hábiles, en el que se enmarcará el periodo de alegaciones. Una vez finalizado ese tiempo, se estudiarán las alegaciones y la ordenanza regresará al pleno. Será en esa segunda sesión en la que se decidirá si se abre o no un segundo proceso de información pública, el cual dependerá de si algunas de las modificaciones aprobadas cambian sustancialmente la ordenanza. «El objetivo es tener seguridad jurídica en la tramitación porque los defectos formales son los que pueden causar problemas», explica Gutiérrez Alberca.

Tras ese largo proceso, se publicará definitivamente la ordenanza, que entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el BOP, excepto el capítulo 4, relativo al régimen sancionador, que lo hará después de seis meses de la publicación de la ordenanza con el objetivo de que haya un proceso de comunicación y concienciación, que servirá para que los vecinos adecúen sus hábitos de conducción a la nueva movilidad por la ciudad.

El anterior concejal de Movilidad, el socialista Luis Vélez, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que su sucesor en el cargo augure plazos diferentes a los que aparecen reflejados en la ordenanza. «No hay una norma que diga que se empiece a multar desde el primer día. Tienen escrito que tienen que empezar a sancionar a mediados de 2025. Ellos han aprobado unos plazos y está claro que lo que no depende de ellos no lo pueden prever. Parece que no tienen muchas ganas de aprobar la norma», indica Vélez, quien recuerda que el PSOE se ha opuesto a la ordenanza porque, a su juicio, la zona planteada no está justificada. «La ordenanza es básicamente la que nosotros aprobamos en diciembre 2022 y cambian dos cosas: el preámbulo, en el que desaparece la referencia a las muertes anuales por la contaminación, y el perímetro», añade.

Por su parte, Jonathan Racionero, de Valladolid Toma la Palabra, lamenta que la economía haya primado sobre la salud en este asunto. «Para ellos lo más importante es el valor económico y no ponen la salud de las personas por encima. Por eso no entendemos la reducción de la zona de bajas emisiones y creemos que, además, no van a cumplir con el objetivo de reducir las emisiones a un 40%», indica Racionero.