Valladolid no contempla la bonificación por instalación de energía solar, que puede suponer el 50% del IBI

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este martes de las «enormes diferencias» en los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) comparados entre las 52 capitales de provincia de España.

Según se desprende del estudio, para una vivienda urbana con una base liquidable de 80.000 euros, sin bonificaciones, el importe medio del recibo del IBI varía entre los 774 euros de Lérida (con un tipo del 0,967%), que presenta el IBI más alto, y los 147 euros de San Sebastián (0,191%), la más barata de las 52 capitales de provincia. Así, la diferencia entre el territorio con el IBI más alto (Lérida) y el más bajo (San Sebastián) supera los 625 euros.

Además, la organización también ha alertado de que las bonificaciones también son muy distintas según el municipio. En cuanto a la bonificación por vivienda de protección oficial, la ley contempla tres años de reducción del 50% del IBI. Pero mientras que ciudades como Barcelona y Salamanca admiten siete años más de bonificación por ese mismo porcentaje, casi la mitad de las capitales no contemplan ampliación alguna de este beneficio, como por ejemplo Madrid, Sevilla o Palma.

Sobre la bonificación por familia numerosa, que puede traducirse en una reducción de hasta el 90% del recibo, tal y como sucede en la mayoría de las ciudades, no siempre se aplica de esta forma, bien porque el porcentaje es menor o porque directamente no existe, como en Bilbao y Pamplona.

En el caso de la bonificación por instalación de energía solar, que puede implicar una reducción del 50% del IBI en la vivienda habitual durante varios años, también hay urbes donde no se plantea, como Albacete, Burgos, León, Murcia y Valladolid.

Por último, sobre la bonificación por domiciliación bancaria, la OCU explica que en algunas ciudades supone un descuento de hasta el 5% del recibo, como en Granada, Guadalajara, Cuenca y Sevilla, pero en la mitad no se contempla reducción alguna.

A juicio de OCU, las diferencias son excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales. En cualquier caso, solicita a los ayuntamientos la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos.

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