Valladolid clama justicia treinta años después del crimen de Montes y Martín Baró en El Salvador

Un centenar de vallisoletanos, encabezados por el alcalde accidental, Manuel Saravia, han cumplido este sábado con la tradición de depositar flores en el monolito que recuerda a los sacerdotes que «murieron por sus ideales, justicia, paz y libertad, en San Salvador» en la calle Francisco Javier Martín Abril (junto a La Salle), para volver a reclamar justicia contra los autores de una masacre que ha quedado prácticamente impune con solo dos militares (presuntamente) implicados, el coronel Inocente Orlando Montano y el teniente Yusshy Mendoza, aún pendientes de ser juzgados aquí en España por la Audiencia Nacional al tratarse de un crimen de lesa humanidad en el que murieron cinco españoles.

«Esto es una injusticia», fueron las últimas palabras que, según los testigos, pronunció Segundo Montes, al que apodaban el 'Pizarro' por su apariencia de conquistador venido a menos, antes de morir a tiros en una matanza que no tuvo más sentido que el de acallar sus «incómodas voces» a la hora de denunciar precisamente las injusticias que cometía el gobierno salvadoreño, según recordó ayer Fermín Santorum, representante del Comité Óscar Romero (Servicio Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina), durante la tradicional ofrenda floral en el monolito, donde los niños del colegio Martín Baró leyeron poemas y cantaron canciones en recuerdo de las ocho víctimas de la matanza de 1989. Los organizadores también recordaron a Alicia Martín Baró, hermana de Ignacio, que murió en diciembre del año pasado y que fue uno de los rostros visibles de las familias a la hora de mantener viva la reclamación de justicia por el asesinato.

Aquel 16 de noviembre de hace treinta años murieron en la UCA de San Salvador los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de la Universidad), Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno y Amando López; además del sacerdote salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina (menor de edad). El grueso de los supuestos autores ideológicos y materiales de la matanza, más de una docena de militares, incluidos generales y coroneles, fueron juzgados y amnistiados posteriormente entre 1991 y 1993 en un proceso judicial que los jesuitas y los familiares de las víctimas tildan de «farsa».

El fiscal pide ahora la friolera de 150 años de cárcel para el coronel Inocente Orlando Montano, que fue extraditado desde Estados Unidos en 2017 y que hoy es un septuagenario postrado en una silla de ruedas, y 5 años de prisión para el teniente Yusshy Mendoza, que formó parte del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos, al que aplica distintas eximentes (miedo insuperable, colaboración con la Justicia...) para reducirle la pena. El coronel, que en aquel lejano 1989 era viceministro de Seguridad de El Salvador, permanece encarcelado a la espera del juicio en la Audiencia Nacional, que asumió la causa hace ocho años sobre la base del principio de justicia universal. El Salvador, que declinó extraditar al resto de sospechosos, investiga ahora en paralelo a los autores intelectuales de la matanza en un proceso sin avances que abrió un tribunal local en 2018.