La vacante de juez Togado Militar para siete provincias sigue sin cubrirse tras un año

La vacante de juez Togado Militar número 42, con sede en Valladolid, sigue sin cubrirse desde hace más de un año, fecha en la que su anterior titular dejó la plaza por traslado profesional a otro destino en Cádiz. Una ausencia cuyo trabajo recae en el titular del Juzgado Togado 43, con sede en Burgos.

La ley de Organización de la Jurisdicción Militar de 1998 establece que el órgano vallisoletano debe instruir los procedimientos penales militares por hechos ocurridos en la demarcación que, en el caso del número 42, corresponden a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, y a la del Principado de Asturias. Investigaciones que tienen como protagonistas a soldados y mandos hasta el empleo de capitán, que desempeñan sus funciones en unidades del Ejército de Tierra, Aire y Armada, además de los miembros de la Guardia Civil, a los que la ley integra dentro de un cuerpo militar.

Hasta mayo de 2017, la jueza instruía diligencias de las academias de Artillería, Caballería, Básica del Aire, y de acuartelamientos de seis provincias, así como de sus bases aéreas, como la salmantina de Matacán, la vallisoletana de Villanubla o la leonesa de Virgen del Camino. En conjunto, esas plantillas superan más de 10.000 efectivos.

La ausencia del puesto de juez Togado en Valladolid es justificada en un informe de la Comisión Permanente del Poder Judicial (CGPJ) por «la escasa carga de trabajo de ese organismo judicial militar».

En este sentido, ha sido la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, que preside desde 2014 el general Togado Eduardo Matamoros, la que acordó que por «necesidades de servicio y de acuerdo a las previsiones de plantilla del Cuerpo Jurídico Militar», se reclasifique la plaza de juez Togado Territorial 42 de Valladolid, para que «sea reasignado ese puesto al Tribunal Militar Primero de Madrid», con una vacante de teniente coronel auditor.

Este órgano lo justifica «por ser imprescindible su concurso por el volumen de asuntos tramitados por dicho Tribunal» madrileño. De este modo, las seis provincias de Castilla y León, y Asturias, pierden el juez militar que les correspondería por ley.

En este caso, de los expedientes de su territorio se ha hecho cargo el Juzgado Togado 43, con sede en Burgos. Su comandante auditor, además de llevar los casos de unidades de esta provincia, lleva los de Cantabria, Soria, La Rioja, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y se desplaza semanalmente hasta la sede en la calle Fray Luis de León para tomar declaraciones o tramitar los expedientes.

La decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central de no cubrir esta plaza de Valladolid no es ajena a otros órganos militares en España. Es el caso del Togado 24 de Málaga, que se lleva desde el órgano 21 de Sevilla.

También está sin cubrir el de Palma de Mallorca 33, y sus asuntos los supervisa el magistrado del 31 de Barcelona; o el 14 de Cartagena, que está sustituido por el Togado Militar 13 de Valencia. La ley determina que las suplencias de estos titulares se hagan por la proximidad de los órganos. Estas vacantes sin proveer han causado malestar entre letrados y personal castrense. Para ocupar la plaza de juez militar, la ley exige que estos órganos sean desempeñados indistintamente por comandantes auditores o capitanes, que deben acceder tras una oposición.