La UVA refuerza su personal para asumir la nueva cotización de los becarios

La entrada en vigor de la norma ha traído algunos cambios en la institución, que ha precisado de apoyo tecnológico para desarrollar nuevos programas y herramientas informáticas que permitan el trasvase de datos requeridos a la Seguridad Social. «Ha sido una labor de equipo, con muchos servicios de la universidad implicados y una sobrecarga de trabajo para el personal, que ha tenido que asumir nuevas responsabilidades sin abandonar las que ya tenían», añade De la Rosa.

Más allá de lo que la ley ha supuesto para la universidad, las inquietudes de los estudiantes se centran en los efectos que la medida pueda tener sobre la oferta de las prácticas. «Nos preocupa que los alumnos se encuentren con menos posibilidades, que las entidades más pequeñas dejen de ofrecer prácticas y haya un mayor volumen de personas para menos empresas», explica Pablo González, coordinador de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE).

Con la implantación ya vigente desde hace dos semanas, la Universidad de Valladolid reitera que la medida se ha aprobado de forma precipitada. «No se ha tenido en cuenta la causística compleja de los alumnos en prácticas, algo que no habría ocurrido si el Ministerio hubiera dialogado con los centros universitarios. Tendrían que habernos escuchado», asevera la vicerrectora. La universidad también ha solicitado prórrogas en la puesta en marcha de la medida. «Todavía tenemos dudas en lo referente a la implantación de este proceso, porque no todos los estudiantes tienen las mismas circunstancias ni sus prácticas formativas son iguales», concreta. «Los alumnos tienen dudas sobre cómo les va a afectar el proceso de implantación la cotización y si va a repercutir a la hora de poder acceder a prestaciones», apunta el coordinador de la Asociación.

La medida es más amplia y también alcanza a los estudiantes que hayan realizado prácticas previas a la entrada en vigor de la norma y contempla beneficios para estos casos en un máximo de cinco años. En el decreto se recoge la opción de suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de dichos supuestos. Esta medida se está negociando en el marco del diálogo social y está pendiente de desarrollo normativo a través de una Orden ministerial, informa Educación. Otra de las disposiciones que recoge el escrito es que el Gobierno asume el 95% de la cuota de la Seguridad Social, mientras las entidades receptoras de alumnos en prácticas deberán abonar el 5% restante, algo que ya han rechazado en reiteradas ocasiones.

«Las empresas y las administraciones públicas han eludido esta responsabilidad y se han desentendido de esta obligación. Somos las universidades quienes hemos tenido que asumir estas tareas», asegura De la Rosa. Según los datos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, más del 98% de las empresas han eludido el pago de las cotizaciones y el 100% lo han hecho en el caso de los gastos de gestión administrativa.

Entre los beneficios que trae consigo la norma, no se incluye que los becarios cotizarán a la Seguridad Social por desempleo, por lo que el tiempo en el que se desarrollen las prácticas de empresa no servirá a los alumnos para acceder al paro, a prestaciones contributivas por desempleo o cualquier otro subsidio. El Ministerio indica que la base mensual de cotización aplicable será el resultado de multiplicar la base mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social -38,89 euros al mes- por el número de días de prácticas formativas realizadas. Además, cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que se pueda sobrepasar el número de días del mes correspondiente.