Urbanismo urge a los propietarios a tapiar y proteger el hotel Marqués de la Ensenada

El rocambolesco cierre del hotel Marqués de la Ensenada, que aún lucía sus cinco estrellas en la fachada que mira a la avenida de Gijón cuando su último gerente, Rafael Martínez Martínez, dio la espantada por sorpresa el 2 de enero de 2017, está teniendo un epílogo aún más singular fruto, por un lado, del saqueo al que viene siendo sometido este inmueble catalogado de comienzos del siglo XX mientras el Ayuntamiento intenta, sin éxito, desde octubre localizar a los propietarios para que asuman de una vez su deber de conservación.

Y la cuestión no es menor si se tiene en cuenta que los bomberos han detectado daños estructurales en la antigua harinera fruto del vandalismo, los robos, las humedades procedentes del desagüe del Canal de Castilla –está edificado justo encima– y del incendio registrado en una habitación de la segunda planta el sábado por la noche, que fue sofocado por el Servicio de Extinción. Ayer mismo fueron los técnicos de Urbanismo los que revisaron el hotel.

Así que ya no es una mera cuestión de decoro y de evitar posibles accidentes entre los jóvenes que se cuelan a su interior casi a diario, que también, sino que el Ayuntamiento intenta frenar en seco el imparable deterioro de este bien protegido y por eso última un requerimiento a la propiedad –una sociedad con sede en Tarragona– que tiene previsto enviar «a primera hora de la mañana del miércoles para darles un plazo muy breve de tiempo, seguramente de 48 horas, para que ejecuten las acciones necesarias para tapiar, proteger el antiguo hotel», según apuntó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien reconoció que llevan meses «intentado localizar a los propietarios» sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

El problema radica en el entramado que siguió a la compra del hotel en 2015 por parte de dos sociedades dirigidas por un empresario alicantino, Rafael Martínez Martínez (Vis Invest Spain y Alba 2010 Patrimonial), quien adquirió el inmueble a los propietarios que lo rehabilitaron y abrieron seis años antes. El problema es que tan solo unos meses después, el 6 de agosto de 2016, vendió sus participaciones a otra sociedad, Can Viña Secuita, con sede en Alforja (Tarragona), que a día de hoy continúa siendo la propietaria, en teoría, del maltrecho hotel. El caso es que su último gerente, Rafael Martínez Martínez, que continuó siéndolo hasta el mismo día que cerró el negocio, fue embargado al día siguiente por la Seguridad Social fruto de las deudas que arrastraba –llevaba meses sin pagar a la plantilla y dejó en la estacada a dieciséis trabajadores– con ellos.

El caso es que ni él ni los dos hermanos que figuran al frente de Can Viña Secuita, A. y P. N. V., contestan desde octubre a las llamadas de los funcionarios municipales –ayer mismo volvieron a intentarlo– y tampoco han respondido a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 12 de abril de este mismo año, del requerimiento formal por parte del Ayuntamiento para que procedieran a tapiar el Marqués de la Ensenada.

«Parece claro que, al final, vamos a tener que ejecutar estos trabajos para garantizar tanto la seguridad como la conservación del inmueble de forma subsidiaria, pero debemos continuar con los cauces legales y requerir de nuevo a los propietarios para que cumplan con sus obligaciones», añadió el edil de Urbanismo, quien destacó que, por ahora, «será la Policía Municipal la que intente evitar que entre más gente al hotel hasta que concretemos quién se encarga de cerrarlo en condiciones».

Los inspectores de la Seguridad Social que acudieron el 3 de enero de 2017 a inventariar los bienes del hotel Marqués de la Ensenada, que el organismo acababa de embargar a su último gerente, Rafael Martínez Martínez, se toparon con un regimiento de operarios del Centro Reto que lo estaban desmantelando literalmente después de que su responsable les vendiera el mobiliario (de todo el hotel de cinco estrellas) por 8.000 euros. Los bienes (armarios, lámparas, camas, maquinaría...), pese a todo, pudieron ser recuperados finalmente por la administración y llegaron a ser subastados durante los meses siguientes, según explicaron ayer fuentes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, que aclararon que dicha entidad renunció expresamente al embargo el 9 de octubre del año pasado después de «comprobar (en julio) el deficiente estado de conservación del mobiliario» que aún permanecía dentro del inmueble.

Y dicha renuncia fue comunicada formalmente al Ayuntamiento aquel 9 de octubre en respuesta a sus requerimientos (dos meses antes) para que procediera a cerrar los accesos del edificio, que comenzó a ser expoliada prácticamente desde el día siguiente al cierre (el 2 de enero de 2017). Nadie, tampoco la propia Seguridad Social, intentó cerrar los accesos a un edificio que, sobre el papel, estaba embargado y cuyos bienes pertenecían al Estado.