Urbanismo pide al TSJ que fije la compensación al Ayuntamiento por 263 pisos ilegales en Vallsur

La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Valladolid ha enviado un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que sea este órgano el que fije las indemnizaciones que le corresponden al Consistorio por el exceso de edificabilidad –263 pisos más de los permitidos (160)– en el edificio residencial levantado en el antiguo solar de Piensos Cía, frente al centro comercial Vallsur. Los estudios realizados por técnicos de la Concejalía de Urbanismo, en colaboración con los agentes de la propiedad inmobiliaria, valoran entre los 5.634.889 euros y los 21,5 millones los beneficios logrados por la empresas que intervinieron en esta operación, que primero anuló el Alto Tribunal de la comunidad en una sentencia en 2007 y que el Supremo, tras un recurso de la Asociación Ciudad Sostenible, ordenó ejecutar en 2016.

Desde que el actual equipo de gobierno entrara al Ayuntamiento, en junio de 2015, han sido múltiples las reuniones que el concejal Manuel Saravia ha mantenido con los representantes del Grupo San José, Edificasa y Metrovacesa para intentar llegar a un acuerdo que repare lo que se consideró como un «pelotazo urbanístico», que se fraguó en 2002 entre el ejecutivo de León de la Riva y Ebro Agrícolas. Pero hasta el momento no ha habido manera.

Ahora se pide el auxilio del TSJ. El Ayuntamiento tira del artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para reclamar su intercesión. El precepto establece que si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el juez o tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.

Aquel convenio de 2002 contemplaba que el Ayuntamiento se quedaba con la propiedad de las nueve hectáreas que ocupaba la factoría de la Azucarera Santa Victoria para habilitar el parque de Las Norias. A cambio, la Administración Local daba su visto bueno al traslado de más de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad de esta parcela al solar de Piensos Cía.

Este pacto fue llevado a los tribunales por el edil socialista Ángel Velasco al considerar que el entonces alcalde debió abstenerse en aquella votación por incurrir en incompatibilidad, ya que estaba a punto de tomar posesión como consejero de Ebro y era vicepresidente de Caja Duero, propietaria del 5% de esta sociedad. En la sentencia, el TSJ determinó que el popular debió abstenerse y también declaró ilegal la modificación del PGOU por contravenir el planeamiento. Siete años más tarde la Sala daba por cumplido el fallo con la publicación del mismo y rechazaba un acuerdo extrajudicial, firmado entre las promotoras, el demandante y el Ayuntamiento, para compensar ese exceso de edificabilidad con suelo para 60 viviendas de VPO, así como espacio para construir un aparcamiento subterráneo. En 2016 el Supremo dio la razón a Ciudad Sostenible y ordenó ejecutar la sentencia para resarcir a las arcas públicas.

Hasta el momento, en la negociaciones las promotoras han ofrecido edificabilidad, pero el Ayuntamiento ha rechazado esta opción. Quiere viviendas ya construidas, suelo o dinero en metálico. La decisión queda ahora en manos del TSJ, aunque ambas partes no han cerrado las conversaciones ante la posibilidad, remota eso sí, de lograr un acuerdo.