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rubén v. justo
Martes, 29 de enero 2019, 13:44
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue)se encuentra en fase de negociación con el Gobierno de España tras la polémica aprobación del decreto 28/2018, que obligará a cotizar en la Seguridad Social por todos los becarios. El órgano ... educativo se opuso a la medida al expresar que la modificación puede causar un «quebranto económico y de gestión», que en el caso de la Universidad de Valladolid (UVA) hubiera supuesto el pago de 210.200 euros.
La entidad vallisoletana forma parte de la Crue, una asociación sin ánimo de lucro que engloba a 76 universidades españolas. Eso significa que defiende y respalda sus opiniones y actuaciones. El 28 de diciembre, el Gobierno aprobó sin consulta previa un real decreto que causó una rápida respuesta del colectivo universitario. El 4 de enero, la Crue hizo público un documento en el que detallaba las razones de su discordancia con el Gobierno. En él, opinó que la nueva medida podría suponer un «quebranto económico y de gestión para las universidades».
Durante el curso pasado, la UVA tramitó 3.827 prácticas de grado y 377 de máster. La cotización en la Seguridad Social de cada becario es de 50 euros.¿Quién se deberá ocupar de ese gasto? El decreto no aclaraba ese punto, causa de uno de los principales temores en los campus. Pero, tras la reunión 16 de enero, el Gobierno aclaró que la medida no supondrá ningún coste adicional para las Universidades. Un suspiro económico de 210.200 euros para la UVA.
Desde un primer momento, la Crue constató «problemas importantes» en la disposición del real decreto. Y es que, según apostillan, existen inexactitudes en la «concepción de lo que son prácticas, como en su aplicación concreta» y no se especificaba «quién y cómo debe hacerse cargos de las cotizaciones correspondientes».
La disposición avisaba de que la puesta en marcha debería ser una «cuestión urgente y prioritaria». Varias voces de la Universidad aún desconocen las consecuencias de la aprobación del real decreto. Actualmente, la UVA se encuentra en fase de negociación con el gobierno. En todo caso, los acuerdos que se alcancen no tendrán aplicación hasta el 1 de septiembre, momento en el que se iniciará el curso académico 2019-2020.
La Universidad de Valladolid (UVA) comparte la misma posición que la Crue, organización a la que se encuentra adscrita. María Ángeles Sobaler, vicerrectora de Estudiantes, reconoce que tras un primer momento de crispación se ha logrado rebajar la tensión al abrir un marco de diálogo en el que Gobierno y universidades debatirán los pormenores del decreto. Este no se aplicará hasta el 1 de septiembre, fecha en la que comienza el curso 2018-2019.
–¿Han registrado alguna queja de de las empresas con las que establecen convenios?
–Queja no. En algún caso sí se ha solicitado información aclaratoria ante la nueva normativa. Esto entra dentro de la normalidad, ya que estas situaciones generan la necesidad de aclaración que nosotros desde el vicerrectorado ofrecemos sin ningún problema.
–¿Las medidas del Gobierno ponen en entredicho el futuro de las prácticas en la UVA?
–Las prácticas curriculares, de acuerdo con las exigencias del Plan de Estudios Bolonia, deben cumplirse como parte de la formación estructural de los estudiantes. En todo caso, no podemos avanzar repercusiones que tendrá el Real Decreto porque todo depende del desarrollo legislativo que se dé.
–¿Qué diferencias existen entre las prácticas curriculares y extracurriculares?
–Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integradas en el Plan de Estudios correspondiente. Las extracurriculares son aquellas que los estudiantes llevan a cabo con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios.
–¿Cuál es la posición de la UVA respecto a la aplicación del Real Decreto?
–Este rectorado comparte la posición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue). Comparte lo expresado en su declaración del 16 de enero, tras la reunión con los representantes de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
– ¿Para qué ha servido la reunión?
–Ha permitido iniciar la colaboración entre las universidades y el Gobierno para el desarrollo del decreto, garantizando el retraso en su aplicación al menos al curso próximo. Se ha abierto un diálogo que tendrá su primer escenario en una reunión que se efectuará en las próximas semanas. En todos está el interés por favorecer la actividad académica, la protección social y promoción de los estudiantes, y la transparencia de las empresas que los acogen. Desde este vicerrectorado se hará todo lo posible para que estos presupuestos se cumplan.
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