El tope al precio de los alquileres desata las protestas de los afectados

El Ejecutivo aprobó en marzo una serie de medidas para paliar el descontrol de los precios, entre las que se encuentra la limitación extraordinaria a la actualización anual de la renta. El Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio extiende dicho tope hasta el 31 de diciembre «con objeto de evitar en un mismo contrato un excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda de la evolución de una referencia cuya variación está obedeciendo a elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito del arrendamiento de vivienda», según explica el texto.

En realidad, el techo del 2% de subida es el resultado de obligar a que los contratos de alquiler de vivienda, en lugar de estar referenciados al IPC que actualmente se encuentra por encima del 10%, lo estén al denominado Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Éste, también publicado por el INE, está limitado en el 2% por arriba y en el 0% por abajo.

Este índice, que proviene de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, «establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro». Equivale al Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Zona Euro menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Entre 2015 y agosto de 2021, el IGC transitó por terreno negativo, incluso más del -3%. Pero ahora lleva ya nueve meses en positivo y el último dato, de abril, es del 4,05%. El director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, Óscar Rodríguez, se pregunta «qué sentido tiene ayudar a inquilinos que están en una posición económica muy favorable y no ayudar a los arrendadores que están en peor situación».

«Los propietarios nos indican que de la misma forma que ellos están haciendo frente al incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, cuotas comunitarias y los precios de mantenimientos entre otros, consideran totalmente injusto no poder trasladarlos en parte al precio del alquiler».

El representante de propietarios y comunidades de vecinos advierte de que la medida, además, «genera una inseguridad jurídica en el mercado que limitará todavía más el número de viviendas disponibles en alquiler, o elevará el precio de los nuevos». En su opinión, «lejos de limitar el precio de la renta, hará imposible el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables, aquellos que se pretende proteger».

Entre las consecuencias que estima se producirán están la de abocar el mercado de la vivienda a la compraventa o el alquiler turístico, «que no se ve afectado por los límites que se imponen a la vivienda habitual» o deteriorar el parque de viviendas. «Al reducirse la rentabilidad del alquiler, los propietarios dejarán de atender el mantenimiento de las viviendas o realizar inversiones de mejora».

El 90% de los arrendatarios de viviendas en Valladolid son particulares, señala Rodríguez, que detalla que en la provincia no existen grandes fondos de inversión, los llamados 'buitres', o tenedores de un gran número de viviendas en alquiler. El decreto del Gobierno limita para éstos el incremento en el 2% y prohíbe pactar cualquier revisión que suponga aplicar un índice superior. Por el contrario, cuando el arrendador es un particular sí puede intentar llegar a un acuerdo con el arrendatario para fijar un incremento superior, pero si no se llega a un pacto, prevalece el límite del 2%.

Ante esta obligación, desde la cámara vallisoletana proponen algunas medidas que podrían equilibrar la balanza y animar a los propietarios a sacar al mercado más viviendas de alquiler. Por ejemplo, «una reducción mayor en el IRPF, que incentivaría la oferta de viviendas y contendría o bajaría los precios», o «aplicar una compensación a los propietarios, ante el perjuicio económico que les supone el límite del 2%». «Empresas de sectores como los proveedores de energía, la banca o el comercio han recibido ayudas para aliviar el impacto de estos cambios», comenta Rodríguez.