Valladolid

El TSJ anula la multa que la Junta impuso al Ayuntamiento por la Cabalgata de 2021

La resolución del TSJ no entra en el fondo del asunto. Es decir, no valora si esos minidesfiles con sus majestades que recorrieron los diferentes barrios de la ciudad aquella jornada pusieron en peligro a la población. Mientras que en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, que sí avaló la multa, daba por acreditada «la generación de un peligro concreto y cierto para todas las personas que, acudiendo al llamamiento municipal, se aglomeraron indiscriminada y despreocupadamente», el Alto Tribunal de la comunidad se centra en los procedimientos que no siguió el Gobierno de Mañueco. Cabe recordar la beligerancia del entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, contra el desfile programado por el equipo del alcalde de la ciudad en aquellas fechas, Óscar Puente.

Así, el TSJ expone que fuese dictado aquel acuerdo del 17 de diciembre en virtud de las competencias delegadas del Gobierno central, declarada su inconstitucionalidad por los tribunales, o bien fuera dictado en el ejercicio de las competencias propias en materia sanitaria «lo cierto es que la falta del presupuesto habilitante en el primer supuesto y la ausencia del procedimiento en el segundo de ellos, permite entender la carencia de cobertura en ambos casos, pues no podemos olvidar que la adopción de tales medidas debe ajustarse a los trámites procedimentales pertinentes y en concreto a las previsiones contenidas en la propia Ley jurisdiccional».

Fuentes jurídicas consultadas explican que este tipo de acuerdos autonómicos que limitan derechos fundamentales deben someterse a ratificación judicial, algo que en este caso no ocurrió. Así, avanzan que esta sentencia sienta las bases para que otras administraciones que fueron sancionadas por la Junta por hechos similares puedan reclamar la revocación de las multas.

Aquel acuerdo de la Junta de Castilla y León ponía coto a la forma de celebración de las Cabalgatas de Reyes por parte de los ayuntamientos en toda la comunidad. Se recomendó que no se realizaran en las calles y que se sustituyeran por retransmisiones a distancia o virtuales. En el supuesto de que algún consistorio optara por su desarrollo presencial, solo podían celebrarse en recintos acotados, con el público sentado y respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros.

La sentencia, que no impone costas procesales ninguna de las dos partes, no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.