Los tribunales ratifican la decisión del Ayuntamiento de recuperar la gestión del agua

El fallo, que ha hecho público esta mañana el TSJ, confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital, que en abril del pasado año ya había rechazado las pretensiones de la compañía y había respaldado la legalidad de la actuación del Consistorio. No obstante, la decisión de la Sala no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Aguas de Valladolid había solicitado que se revocara la sentencia e invalidara los acuerdos de pleno del Ayuntamiento de Valladolid de 30 de diciembre de 2016 y de desestimación del recurso de reposición «sobre la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios contenidos en la propuesta de gestión directa a través de la entidad pública empresarial local». La Administración local decidió asumir la gestión directa del ciclo integral del agua mediante la creación de una Entidad Pública Empresarial Local una vez que terminó el contrato de concesión vigente con Aguas de Valladolid. Ahora, el TSJ legitima esta decisión por considerar que «la aprobación de las formas de gestión de los servicios públicos corresponde al pleno del Ayuntamiento, constituye una decisión de carácter discrecional, que tiene un contenido político, no predeterminado por el Derecho, de modo que la Administración decide entre las formas de gestión legalmente previstas con un margen de libertad». Ese margen solo está condicionado «por la sujección de su actuación a la satisfacción de los intereses generales, que no puede ser arbitraria».

La sentencia desestima, entre algunos de los motivos de impugnación planteados por la empresa concesionaria, que el modo de gestión afecte a las prestación del servicio en régimen de monopolio. Por el contrario, señala, «El Ayuntamiento no precisa ejercer las facultades que comporta el régimen de monopolio y, por tanto, los acuerdos impugnados no son invalidados». Recuerda que la sociedad apelante se ve privada de la concesión porque ha expirado el plazo de vigencia de dicha concesión municipal y que la organización de los servicios públicos esenciales compete a los entes locales y en el contexto de la autonomía local, incluyendo la de elegir su forma de gestión».

Esta es la octava resolución judicial que da la razón al Ayuntamiento vallisoletano respecto de la recuperación de la gestión del ciclo integral del agua y contra las pretensiones de la anterior concesionaria, que todavía tiene la posibilidad de recurrir en casación ante el Supremo.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en su cuenta personal de Twitter, se felicita por el hecho de que el TSJ ratifique la remunicipalización del servicio. «Es una mala noticia para los del lobby del agua y para los privatizadores de servicios públicos», apunta.