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El tribunal del caso PGOU ha decidido esta mañana, tras oir las cuestiones previas planteadas por las defensas y las acusaciones, parar el juicio hasta comprobar si, como sostienen los letrados de los 13 investigados por la supuesta alteración de la herramienta urbanística con el ... fin de beneficiar a determinados promotores -entre ellos, la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid en 2003- se produjo «una cascada de irregularidades en el procedimiento». Entre las más graves, «la falta del 50% de toda la causa», que se compone de 12.000 folios y 1.800 planos. Ello supone, según los letrados, una grave indefensión para sus representados, al no disponer, en igualdad de condiciones que la Fiscalía y la acusación particular, de toda la documentación que sustenta la prueba de cargo contra los encausados. Para ellos se piden penas que van de los 4 años a los 18 meses de prisión.
Los magistrados también decidirán sobre la prescripción de los delitos. Según las acusaciones, no existe tal prescripción porque son conectados (prevaricación administrativa, falsificación en documento público, tráfico de influencias y un delito contra el patrimonio) y sus efectos se sostienen en el tiempo desde que se cometió la supuesta alteración del Plan, en 2003, hasta 2008, cuando arrancó la investigación judicial a partir de la denuncia planteada por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.
La representante del ministerio fiscal, Ana Valle, que no era partidaria de resolver la cuestión de la prescripción en este momento, sí ha reconocido durante su intervención que se han producido dilaciones indebidas en el procedimiento, «aunque podría tenerse en cuenta de cara a la modificación de la responsabilidad criminal, no como causa de archivo de la causa». Sin embargo, ha considerado que si las defensas no disponen de toda la documentación, y aunque conlleve un retraso mayor del procedimiento (han sido 10 años de instrucción) «se impone la devolución de los autos al juzgado de instrucción».
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