El tribunal de La Perla Negra fija para el día 22 la votación y fallo de la sentencia

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha fijado para el día 22 de este mes la sesión para el fallo de la sentencia. Así se recoge en una providencia dictada por dicha sección de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en la que especifica que «habida cuenta del desarrollo de las deliberaciones de este tribunal, se señala el día 22 de octubre de 2024 para la votación y fallo de la sentencia», de forma que no es descartable que la notificación a las partes pueda demorarse hasta noviembre.

La causa se ha dirigido contra once encausados, entre ellos la que fuera cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, así como contra otros dos funcionarios y distintos empresarios que, según las acusaciones, fueron beneficiados por los anteriores tanto en el alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales (La Perla Negra) en Arroyo de la Encomienda como en la adquisición de parcelas en el término municipal de la localidad vallisoletana de Portillodestinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona que nunca llegó a ejecutarse.

La Fiscalía solicita las penas más duras, once años de prisión, para Rafael Delgado y Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, al primero de ellos por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Por ello, además de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo director financiero de ADE Parques y Gesturcal, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, solicita seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarían a la Administración autonómica en la suma que, supuestamente, fue desviada a favor de las mercantiles citadas que se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal, con responsabilidad civil subsidiaria de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

La Junta, como acusación particular, solicita la condena de ocho de los encausados –no acusa a Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero–, que en el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández se elevan a once y cuatro años, respectivamente, junto con multas de 22.500.000 euros y el pago entre todos de indemnizaciones por importe de 16.300.000 euros. En el caso del PSCyL, personado como acusación popular, imputa un delito continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

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